Editorial: Los muertos vivientes

El arquetipo del zombi que hoy en día vemos en series y películas, infectado por un virus y que busca carne humana, dista un poco del zombi original de las películas de los años 30, como atestigua la definición de la Real Academia Española: “persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad”.

Bajo esta concepción original, el primer proyecto de ley hecho público desde el Ejecutivo definitivamente trata sobre zombis. A través de un tipo de brujería (ley), se está buscando revivir a un muerto (Doe Run) para dominar su voluntad (reanudar las operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya-CMLO).

El nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski está cometiendo, en efecto, el mismo error que sus predecesores de aferrarse a una empresa y un negocio que dejaron de existir hace varios años. Recordemos pues que se trata de la misma empresa que entró en situación de insolvencia en el 2009 y que ha paralizado sus operaciones en múltiples ocasiones desde entonces. A la que pese a otorgársele un plazo original de 9 años, y dos prórrogas de 5 años más, no ha logrado cumplir aún con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al que se comprometió en 1997. Que condicionó la continuación de su funcionamiento a que el Estado relajara sus estándares y le condonara todos sus pasivos ambientales (pasados y futuros) que colocaron a La Oroya como una de las 10 ciudades más contaminadas del planeta. Que en más de una ocasión azuzó a la población y trabajadores de La Oroya para hacer presión a su favor. Cuyas deudas reconocidas superan los US$500 millones, monto que no sonrojó a su accionista principal al momento de demandar –inexplicablemente– por US$800 millones al Estado Peruano. Y a la que se ha querido vender como negocio completo (la llamada “liquidación en marcha”) desde hace 4 años y, comprensiblemente, hasta ahora no encuentra un postor interesado.

Cuando se le ha recordado el deshonroso bagaje de la empresa que tanto se busca salvar, el presidente ha retrucado: “Ya no es un tema de Doe Run, es un tema de los 1.600 trabajadores industriales altamente tecnificados que hoy trabajan en La Oroya”, para luego añadir: “[Si] no se prorroga la liquidación en marcha, ellos tendrían que irse a la calle”.

Puede ser loable que el Ejecutivo se preocupe por el destino de dichos trabajadores, pero no a costa de la salud y la vida de otras personas, como el 99% de los niños de La Oroya que tienen niveles de plomo en la sangre que superan más de tres veces los permisibles por la Organización Mundial de la Salud. Ello sin dejar de advertir el tratamiento discriminatorio que buscaría favorecer a una sola empresa y al 0,002% de la población desempleada en el Perú (según las últimas cifras oficiales del INEI). Bajo la misma lógica de salvar los puestos de trabajo, además, el Estado tendría que intervenir cada vez que una empresa quiebra o decide cerrar sus operaciones, convirtiéndose en una suerte de dios del mercado, que decide qué empresas deben subsistir y cuáles perecer. 

El daño a la institucionalidad tampoco ha sido considerado en el escueto proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Pues además de la bochornosa sucesión de prórrogas y salvavidas de los que ya ha gozado la cuestionada empresa, de prosperar esta nueva iniciativa, se tiraría también por la borda toda la lógica del proceso concursal en el que está envuelta Doe Run, cuyo objetivo debiera ser proteger a los acreedores. 

La pretendida liquidación en marcha de Doe Run tuvo que concluir en seis meses con la venta de todo el negocio, pero fue prorrogada por seis meses y luego por un año más, y por otro año más, con el beneplácito de un Congreso que cambió la ley para mantener a la empresa en un respirador artificial. Ahora, el gobierno propone regalarle dos años más, confiando en que aparecerá un milagroso comprador que resucite el CMLO. Mientras tanto, los activos de la empresa no pueden ser liquidados por separado, es decir, no entrará dinero que permita el pago a los acreedores. Un abuso contra los acreedores que comete el Estado en su posición de acreedor mayoritario de Doe Run (a través del Ministerio de Energía y Minas y la Sunat), mientras sigue condenando al “perro muerto” a los demás acreedores de la empresa y a la falsa esperanza a sus trabajadores.

Si la historia se repite una vez más, una nueva ley con nombre propio creará un zombi, que volverá a morder al gobierno más adelante, y que tal vez motive a otros muertos vivientes a pedir ellos también su cuota de sangre.