Nos acercamos a nuestras próximas elecciones regionales con dos presidentes regionales detenidos, uno prófugo de la justicia, y un cuarto al que todo apunta se podría mandar detener de un momento a otro. Por otra parte, la situación en las municipalidades (a cuyos nuevos alcaldes elegiremos ese mismo día) no parece mucho mejor: si se suma los funcionarios municipales y los regionales denunciados por la contraloría, tenemos 3.000 funcionarios contra los que el órgano de control cree haber obtenido suficientes indicios como para iniciar un proceso penal.
Detrás de esta situación hay muchas causas que hemos venido tratando en diversas oportunidades. Hay una no menor, sin embargo, que hasta ahora ha recibido poca atención y que se está haciendo cada vez más grave y evidente conforme se aproximan las elecciones. Nos referimos al desbordado fraccionamiento político del que, cada elección con mayor fuerza, viene siendo víctima el país.
En efecto, en el año 2002 concurrieron a las elecciones regionales y locales 64 movimientos regionales. En el 2006 esta cifra se elevó a 76. Para el 2010, ya era 165, y ahora, cuando aún no se ha cerrado la posibilidad de presentar solicitudes de inscripción, tenemos 196 movimientos regionales ya debidamente inscritos y otros 54 cuya solicitud de inscripción está en proceso. De modo que es probable que en esta elección compitan bastante más de 200 movimientos regionales. A ellos habría que sumarle los otros 101 exclusivamente provinciales y regionales que ya se han inscrito.
Hay varios factores que fomentan esta proliferación de movimientos-surgidos-para-la-ocasión. Uno es la desaparición en la práctica de casi todos los partidos de verdadero alcance y organización nacional que alguna vez tuvimos. Otro es la enorme multiplicación que han tenido los presupuestos regionales y locales sin que se fortalezcan en el camino las instituciones que sirven para vigilar su buen uso. En otras palabras: el surgimiento de enormes botines a la disposición de quien logre llegar a un cargo público a lo largo y ancho del Perú. Solo dos de los cuatro distritos municipales cuyas cuentas la contraloría acaba de pedir congelar –de Chavín de Huántar y San Marcos– recibieron el año pasado S/.400 millones en canon. Cuál será la potencia de esta fuerza centrífuga y anárquica que, pese a que para estas elecciones se endurecieron los requisitos para formar movimientos regionales y locales (el porcentaje de firmas válidas requeridas pasó del 1% al 3% del padrón electoral, por ejemplo), el número de estas organizaciones siguió creciendo.
Como fuese, la consecuencia de esta absoluta desinstitucionalización de nuestra política es que las elecciones regionales y locales se han vuelto cada vez más una lotería entre aventureros desconocidos que ni responden a estructura alguna ni tienen quién responda por ellos cuando, por ejemplo, a la presumible manera del presidente regional de Tumbes, deciden simplemente cruzar la frontera con su botín a cuestas.
Es indispensable introducir las reformas políticas que permitan revertir esta peligrosa tendencia y recomponer un sistema de partidos políticos capaces de poner a la mayor parte de alcaldes y presidentes regionales. Esto no solo para asegurar la gobernabilidad y el carácter unitario del Gobierno, sino para reconstruir canales de representación que permitan conectar las necesidades y problemas locales con las instancias nacionales.
Para ayudar a lograr lo anterior, se requiere endurecer aun más los requisitos para inscribir movimientos regionales y locales, e incentivar la formación de un sistema de pocos partidos nacionales a los cuales resulte conveniente incorporarse. Fin este último, a su vez, que requiere no solo de aumentar la valla a las alianzas –de modo que no se use de estas de manera oportunista para superar la valla el 5% que se requiere para ingresar al Congreso–, sino lo que hemos reclamado tantas veces: la implantación de un sistema de distritos uninominales para elegir a los congresistas. Este sistema fomentaría la reducción del número de partidos vía su aglutinación e incentivaría su presencia y enraizamiento en los niveles locales. Como los árboles, nuestra democracia necesita venas que comiencen en sus raíces y hagan circular desde ahí la voluntad popular, haciendo de esta forma que toda ella pueda fortalecerse y dar frutos.