Nos quedamos todos

No se puede decir que el Perú haya gozado de estabilidad política antes de la toma de mando del presidente Pedro Castillo. En efecto, durante los últimos años el país ya casi había normalizado la tóxica confrontación entre poderes del Estado, aun al margen de quiénes ocupen la Presidencia de la República o las curules del hemiciclo.

Pero lo que se presencia hoy es algo nuevo. El nivel de descomposición al que ha llegado el gobierno hace urgente que el mandatario no siga “ni un día más” al frente de la nación. Sobre los motivos nos hemos explayado ya en extenso desde estas páginas.

Esta urgencia, sin embargo, no parece quitarles demasiado el sueño a los ocupantes de la plaza Bolívar. El drama de la conformación de la nueva Mesa Directiva del Congreso, en el que las rencillas por cuotas de poder partidarias o individuales han opacado las consideraciones de gobernabilidad, demuestra hasta qué punto el Legislativo está desconectado de los apremios de la coyuntura política y de sus propias responsabilidades.

Esta semana, el Ministerio Público ciertamente se llevó la mayor parte del protagonismo. El viernes, el mandatario acumuló su quinto proceso abierto cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió reactivar las investigaciones por presunto tráfico de influencias en el caso de la compra de biodiésel por Petro-Perú. Días antes, el descarado despido del exministro González motivó la apertura de su cuarta investigación. Otras dos –la primera vinculada a la presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la segunda a los ascensos en las FF.AA. y la policía– permanecen a cargo de Benavides. La restante, por presunto plagio en la tesis de maestría, corre por cuenta de la fiscalía penal de Trujillo.

La fiscalía, pues, está actuando con diligencia. No obstante, cualquier salida al entrampamiento político que supone la presidencia de Pedro Castillo parece pasar, necesariamente, por decisiones que debe adoptar el Congreso. A estas alturas, queda claro que el mandatario no renunciará, y el ordenamiento constitucional exige que sea el Congreso el que tome la iniciativa en situaciones límite como la actual.

Pero los legisladores están lejos de cumplir el rol que les corresponde. La pobre gestión de María del Carmen Alva al frente del Legislativo, coronada esta semana con una controversial ceremonia de reconocimiento al expresidente Manuel Merino, se refleja claramente en las encuestas: cuatro de cada cinco peruanos desaprueban al Congreso, una proporción aún mayor que la que rechaza la gestión del presidente Castillo.

La verdad es que quienes están llamados a resolver la crisis política terminal del país brillan por su ausencia. Bancadas como Acción Popular y otros aliados del gobierno aprovechan para pescar a río revuelto, ya sin mayores tapujos. La oposición del Congreso, partida entre las candidaturas de las congresistas Gladys Echaíz (Renovación Popular) y Lady Camones (APP), le hace el juego al presidente Castillo, quien no podría haber deseado una mejor oposición.

La reflexión es clara: sin importar la magnitud de los escándalos que se desaten semana a semana, el país no podrá pasar la vergonzosa página que ha supuesto la presidencia de Pedro Castillo en tanto el Congreso no actúe con la unión y la responsabilidad que una situación como esta amerita.

Pero si el último año de trabajo parlamentario es indicativo de lo que está por venir, el deterioro del que somos todos testigos hoy podría estar lejos de acabar.