Editorial: Una nueva mentira ambiental

La semana pasada el gobierno remitió al Congreso los proyectos de ley que había anunciado como parte de su programa para contrarrestar la desaceleración económica. Como ya habíamos señalado antes, se trata de iniciativas bastante importantes, que buscan volver al país más atractivo para las inversiones. La manera en la que intentan lograrlo, básicamente, es retirando barreras legales que el mismo Estado ha venido colocando a los empresarios desde hace varios gobiernos y cuya acumulación ha convertido a la burocracia en uno de los principales obstáculos que tiene que sortear quien desee hacer un negocio de cualquier escala en nuestro país.

Los sectores en los cuales el gobierno está intentando reducir la carga impuesta por las leyes y regulaciones son varios: tributación, transacciones inmobiliarias, obtención de licencias, minería e hidrocarburos, entre otros. Pero una parte del paquete de medidas propuestas por el Ejecutivo ha despertado la oposición de una serie de grupos y ONG, pues afectan lo que suele ser centro  de conflictos en nuestro país: el medio ambiente. Se ha dicho que aprobar los proyectos de ley del Ejecutivo sería equivalente a cortar los brazos al Ministerio del Ambiente (Minam) y renunciar a la protección ambiental en el país. Se ha acusado al gobierno de sacrificar al medio ambiente en nombre del empresariado.

De esta forma, algunas de estas organizaciones están creando, para oponerse al crecimiento económico, algo a lo que ya estamos acostumbrados: una mentira ambiental. Y es que no es cierto que las medidas propuestas por el Ejecutivo supongan un retroceso en la protección de los ecosistemas. De hecho, lo único que buscan es dar racionalidad a las regulaciones que persiguen este objetivo.

El gobierno, principalmente, ha planteado cuatro cosas. La primera, reducir los montos de las multas que puede imponer el OEFA, salvo en los casos en los que se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas. Esto tiene sentido porque, al crear esta institución, se pasó de un esquema de sanciones fijas y relativamente bajas a uno de multas sumamente altas y variables que se calculan de una manera compleja. Si bien era importante una reforma porque las sanciones del anterior sistema eran demasiado leves como para desincentivar los comportamientos nocivos, el cambio hizo que el sistema se fuese hasta el otro extremo. De hecho, siendo consciente de esto, el mismo OEFA ya venía haciendo un importante esfuerzo para tratar de autolimitar su poder sancionatorio y dar más predictibilidad a sus sanciones.

La propuesta del Ejecutivo solo busca colaborar en dicho esfuerzo para que las empresas tengan claro que las decisiones del OEFA no son arbitrarias ni desmedidas. ¿Por qué mayor proporcionalidad en las multas sería contraria a la protección medioambiental?

El segundo planteamiento del gobierno es que el establecimiento de los estándares de calidad ambiental y de los límites máximos permisibles debe ser acompañado de un análisis de impacto regulatorio. Lo que no es otra cosa que un estudio de cuáles son los costos y beneficios que tendrá la medida. ¿No es acaso una exigencia razonable pedir al ministerio que demuestre la conveniencia de una regulación?

La tercera propuesta del Ejecutivo es que los funcionarios estatales tengan un plazo de 30 días para emitir los informes sobre los estudios de impacto ambiental. No se trata más que de un pedido de celeridad y eficiencia a una burocracia que se caracteriza por su lentitud. ¿Cómo así resulta esto contrario a los intereses del medio ambiente?

Finalmente, la cuarta propuesta es que la creación de las zonas reservadas ya no esté a cargo del Minam, sino del Consejo de Ministros. Esto tiene sentido porque dichas zonas, en algunos casos, pueden afectar actividades de otros sectores (como el minero o de hidrocarburos) o grandes proyectos de inversión, por lo que el que otros ministerios tengan voz en esa discusión es algo sensato. No es, como se quiere hacer creer, una renuncia a la creación de zonas reservadas.

Por supuesto, estos no son los hechos que cuentan los grupos que hoy se oponen a las medidas planteadas por el gobierno. Ellos prefieren mentir y decir que el gobierno está abdicando de su responsabilidad con el medio ambiente. Y, como suele pasar, poco les importa que eso frene el crecimiento del que depende que sigan saliendo de la pobreza millones de peruanos.