Editorial: La nueva normalidad

En total fueron 19 horas las que permanecieron secuestrados entre el martes y el miércoles de la semana pasada 16 policías, tres fiscales y 12 guardaparques a manos de aproximadamente 200 ronderos en la provincia de Rioja, en la región San Martín. Los trabajadores estatales, quienes participaban de una operación contra la tala ilegal, fueron interceptados durante una acción de patrullaje y trasladados descalzos por cuatro horas a modo de castigo. Según indicó Gustavo Montoya, jefe del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), donde ocurrió el secuestro, tanto los guardaparques como algunos policías recibieron azotes por parte de los ronderos.

De acuerdo con las versiones recogidas por este Diario, la situación en la zona es tensa debido a que las autoridades ambientales buscan reubicar a 250 familias asentadas en el bosque protegido. Algunos de los ronderos agresores, además, tendrían intereses económicos involucrados, pues ya habían sido denunciados anteriormente por los delitos de tráfico ilícito de madera y secuestro (al haber retenido a especialistas del BPAM cuando realizaban reuniones de coordinación con comunidades locales).

Que las 31 personas secuestradas fueran puestas en libertad antes de la llegada de un contingente policial de refuerzo y que, esta vez, no se haya tenido que lamentar víctimas fatales, sin embargo, no debe ser excusa para no comprender la gravedad de lo ocurrido.

Pues nuevamente hemos sido testigos de cómo se confunde violencia con protesta, y de cómo se transgrede el principio de autoridad so pretexto de hacer más fuerte la voz de quien reclama, como si formara parte de un protocolo tácito para captar la atención gubernamental e imponer condiciones.

Lo peor, sin embargo, es la aparente normalidad con la que se asumen estos atentados. Como si en algún momento de nuestra historia reciente, la ciudadanía se hubiera acostumbrado a que estos formen parte de nuestra realidad. Acaso en la última década, la crisis institucional nos llevó a resignarnos a que el atropello de los derechos ciudadanos y el chantaje violento se convirtiera en un canal democrático válido.

Así, por ejemplo, esta nueva normalidad consintió en marzo de este año que un grupo de nativos retuviera un helicóptero de la Fuerza Aérea y a 12 funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas como forma de protesta por los derrames de crudo en la región de Loreto. Y meses antes, en la misma región, permitió que diversos pozos petroleros fueran tomados por habitantes locales en un acto que forzó a paralizar las operaciones de extracción –con costos millonarios para las empresas afectadas– para hacer eco de sus reclamos.

Y también es la que permite que, a siete años de los aciagos sucesos en Bagua que terminaron con la vida de 33 personas –incluyendo la de 23 agentes PNP encargados del desalojo de la parte de la carretera tomada por los manifestantes en el sector de la Curva del Diablo–, aún no se cuente con un solo responsable condenado y, por el contrario, se tenga que lamentar que la primera sentencia judicial, emitida la semana pasada, no haya podido identificar aún a los autores de estos asesinatos.

La historia, lamentablemente, ha sido similar en Tía María, Conga, Espinar, Cañariaco, Ilave y en tantos otros lugares donde los desbordes de violencia ignoraron los canales institucionales del Estado. Por todo ello, es tarea perentoria del nuevo gobierno recuperar la autoridad que permita mantener el respeto por el Estado de derecho (algo que sus predecesores no pudieron alcanzar), y la nuestra mostrar indignación y rechazo frente a la barbarie que ha devenido habitual en el país.