Editorial: Un nuevo año escolar

En los espacios que quedaban libres entre la cobertura periodística judicial y política, las noticias de los últimos días han recogido numerosas historias de filas formadas en los exteriores de algunos colegios por parte de padres que esperaban alcanzar una plaza para matricular en ese establecimiento a su hijo o hija. La semana pasada, el Ministerio de Educación anunció que el viernes 11 de enero se venció el plazo para que los colegios estatales publiquen en sus paneles informativos o portales web los requisitos de matrícula, las vacantes disponibles y las vacantes para estudiantes con discapacidad. El objetivo era reducir, de algún modo, las largas colas de los padres –que a veces duran días– y proveer mejor información a las familias.

Como esto revela, en el Perú no son la excepción los padres que le dan importancia a la educación de sus hijos. Con el año escolar 2019 calentando motores, sin embargo, vuelven a asomarse las precariedades que enfrenta el sistema educativo en el país.

En un primer nivel, obviamente, está el presupuesto limitado que tiene el sector educación en general. De acuerdo con la OCDE, mientras que en el Perú el gasto público anual por alumno es cercano a US$2.000 en paridad de poder adquisitivo, en los países de la OCDE se superan los US$10.000 por alumno en promedio.

Aún si se contase con un sistema educativo sumamente eficiente y eficaz –que no es el caso–, lograr resultados comparables invirtiendo cinco veces menos recursos es imposible. El Perú, de hecho, invierte poco aún dado su nivel de riqueza. En Brasil o México el gasto público en educación por estudiante como porcentaje del PBI per cápita supera cómodamente el 60%. En el Perú no llega al 40%.

No es cierto, sin embargo, que el sector educación no tenga prioridad en el presupuesto público. Este año ocupa el 18,2% del total del gasto estatal, por lejos la partida más abultada de todas. La baja recaudación tributaria explica que, aún destinando casi un quinto del presupuesto a educación, el número total invertido por alumno sea insuficiente. Y si lo que se dedica es relativamente poco, resulta incomprensible cómo, por ejemplo, la ejecución del presupuesto para inversión en colegios, aulas y demás haya sido de apenas 70,5% el año pasado, con los gobiernos regionales invirtiendo 65,8% de lo presupuestado.

Los resultados, como se sabe, son aún decepcionantes para muchas familias peruanas. Los últimos informes disponibles de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) revelan que, en segundo de secundaria, tan solo el 11,5% de estudiantes tiene un nivel satisfactorio en matemáticas (1,7% en Loreto) y 14,3% lo alcanza en lectura (4% en Huancavelica). De otro lado, los resultados de la prueba internacional PISA ponen a los estudiantes peruanos a la cola del grupo de países que participan en la evaluación.

No hay bala de plata para solucionar los problemas de la educación nacional, pero un compromiso decidido de la ciudadanía y el sector público para ensayar cambios es urgente. Por ejemplo, aunque de calidad muy heterogénea, la oferta de educación básica privada se ha convertido en las últimas décadas en una opción para millones de familias que buscan mejor enseñanza para sus hijos, sobre todo en zonas urbanas. Explorar alternativas en las que el sector privado puede contribuir a cerrar brechas de infraestructura, tender lazos con las empresas o el sector productivo, capacitar docentes, o proveer directamente el servicio educativo con adecuada supervisión pública se hace necesario en vista de las limitaciones del aparato estatal.

Uno de los mayores logros de los últimos años fue volver a colocar el tema de la educación básica como un asunto urgente en la agenda pública nacional. Sin embargo, así como otros grandes temas, la atención se ha ido perdiendo naturalmente debido a la cargada agenda netamente política –y últimamente judicial–. Que el próximo inicio del año escolar sirva para recordarnos que la esencia de la política no es el debate estéril, sino precisamente preocupaciones como las de los padres que hacen días de cola por asegurar una mejor educación para sus hijos.