Editorial: Un nuevo blanco

Como se sabe, el congresista Mora, con la eficaz colaboración del gobierno, acaba de “arreglar” el problema de la calidad de (muchas de) las universidades por medio de una ley. Una ley que, no satisfecha con dar al Estado-superintendente la facultad de decidir lo que más conviene hacer a los mencionados centros de estudio para lograr dar una educación de calidad, establece algunos estándares sobre su profesorado tan arbitrarios que varias de las mejores universidades del mundo no podrían funcionar bajo ellos.

Pues bien, luego de este hito, el congresista parece estar mirando más allá, hacia nuevos terrenos que conquistar (o, en su caso, controlar). ¿Por qué no hacer también una ley para la calidad de los institutos de educación técnica superior? Después de todo, quien puede lo más puede lo menos. 

Hasta ahí lo que parece ser la lógica del señor Mora. Luego está la lógica de la realidad. La misma que condena a su eventual proyecto de regulación de los institutos de educación técnica superior a estar sometido a los mismos contrasentidos que su ley universitaria, y, de ser aprobado, a crear los mismos daños que producirá esta. Creemos que esto es algo que se puede sustentar objetivamente, más allá del hecho –que no queremos dejar de compartir con nuestros lectores– que el grupo empresarial al que pertenece este diario sea, a través de una subsidiaria, propietario de un instituto superior.

¿Por qué, por ejemplo, habría que asumir que el Estado tiene a su alcance la fórmula de la calidad en la educación técnica –y de compenetración con las demandas laborales del mercado– si no parece haberla aplicado en casi ninguno de los centenares de institutos que hoy posee? Y, aun si tuviera esta fórmula, considerando que la otra cara de la calidad es el precio, ¿dónde se educarían quienes no podrían pagar los institutos A1 que –en este supuesto– serían los únicos que existirían? ¿En institutos del Estado? ¿No serían estos institutos parecidos a los que ya tiene? ¿O se espera que a partir de esta ley el Estado sea otro? ¿No tiene mucho más sentido posibilitar que exista la mayor cantidad de competencia en los diferentes nichos de calidad-precio de forma que cada uno de los institutos existentes en ellos tenga que esforzarse por ofrecer cosas que los otros no tengan? Si no, ¿por qué no crear también una superintendencia de los mercados de abastos, de forma que todos tengan, por ejemplo, la calidad de los que hay en las capitales europeas? ¿O la alimentación es menos importante que la educación? 

Por otro lado, si es que sí tiene más sentido fomentar la competencia, ¿cómo se puede hacer esto último cuando cualquier potencial inversionista sabe que tendrá sobre sus hombros a un superintendente con el poder de decidir por él la mejor manera de atender a sus clientes?

Por lo demás, si la regulación fuese la respuesta a los problemas de calidad, hace rato que los institutos técnicos del país tendrían que ser todos de lujo. Al fin y al cabo, los institutos ya hoy tienen una regulación tan densa que, por citar solo algunos ejemplos, se demoran alrededor de dos años en obtener la aprobación para dictar cualquier nueva carrera y no pueden dictar aquellas para las que ya tienen permiso en una región diferente a la de su fundación si no vuelven a pasar antes por todos los permisos necesarios para crear un instituto nuevo. Y esto para no hablar de imposiciones tan arbitrarias como la que obliga a que todos los locales de los institutos tengan laboratorios de cómputo con 2,50 metros cuadrados por estudiante (en la era de las laptops) y un 30% de sus terrenos como área libre no techada. Se ve que el Estado piensa que es parte integral de la educación superior de un buen técnico de, por ejemplo, la industria textil, el jugar a las chapadas.

Lo que el Estado tendría que hacer es precisamente lo contrario de lo que propone el señor Mora: en lugar de intentar suplantar a los consumidores, escogiendo por ellos los tipos de educación que llevarán, las carreras que emprenderán e, implícitamente, los costos que estas tendrán; empoderarlos, recopilando y publicando la información sobre la empleabilidad y los sueldos de los graduados de cada carrera y centro educativo superior, de forma que ellos puedan decidir por sí mismos qué es lo que más les conviene dentro de lo que pueden pagar. De lo contrario, no parece que se pueda lograr mucho más que 2,50 metros de separación entre alumno y alumno.