Editorial: El orden de los factores

El  domingo pasado, en una entrevista ofrecida al programa de televisión “La noticia rebelde”, conducido por Beto Ortiz, el general del Ejército en retiro y ex ministro del Interior Daniel Urresti anunció su ‘precandidatura oficial’ dentro del Partido Nacionalista, con miras a las elecciones presidenciales del 2016. En sus declaraciones, manifestó, además, que esta semana iniciaría una campaña para convencer a las bases de que es la mejor opción para representar al partido, pero no aportó más novedades.

En realidad, su voluntad de postular había sido expresada casi inmediatamente después de que dejara el puesto que ocupaba en el Gabinete y ratificada con ocasión de su ruidosa incorporación al Partido Nacionalista. ¿Qué podría haberlo movido a reiterar lo obvio, en un momento en el que el calendario electoral no aprieta y no tiene competidores internos a la vista?

Podría especularse, por un lado, que necesitaba darle un segundo aire a una postulación que había dejado de llamar la atención de la opinión pública desde que se lanzó en parapente por los cielos de Lima, hace ya casi tres meses. Y, por otro, que su gesto estuvo motivado por otros eventos relacionados con él, pero ya no estrictamente políticos.

Nos referimos, concretamente, a la decisión de la Sala Penal Nacional –ocurrida solo cinco días antes de su anuncio– de abrir un proceso en su contra por la autoría mediata del asesinato al periodista Hugo Bustíos. La disposición se dio tras ser admitida, por unanimidad, la acusación presentada por el fiscal Luis Landa ante el colegiado B de la referida sala.

El dictamen acusatorio de Landa argumenta que, pese a no haber estado presente durante el asesinato, la orden de ejecutar a Bustíos debe haber pasado por Urresti, pues entonces –noviembre de 1988– era el jefe de la Sección de Inteligencia de la base. Esto luego de que, en el 2009, dos militares condenados por el asesinato imputaran al general en retiro el haber participado en la organización del hecho.

El caso, pues, es antiguo, pero el juicio oral que afrontará ahora el ex ministro es una circunstancia nueva; y es quizá en ese contexto que el anuncio de su ‘precandidatura oficial’ puede adquirir sentido.

Como se sabe, una de las defensas más socorridas por los candidatos a cualquier instancia de poder –pero sobre todo a la presidencia– frente a las acusaciones de toda laya que caen sobre ellos es la de afirmar que los cargos obedecen a una voluntad de afectar sus aspiraciones electorales. 

Variantes de ese mismo argumento hemos escuchado, por ejemplo, en boca de Alejandro Toledo al tratar de restarle importancia al Caso Ecoteva, de Alan García cuando ha sido confrontado con las conclusiones de la megacomisión, y de los escuderos de la primera dama ahora que es objeto de tantas suspicacias. En esos discursos, siempre hay ‘manos negras’, ‘trilogías del mal’ y ‘concentraciones mediáticas’ que conspiran contra una marcha aparentemente triunfal y reivindicatoria hacia el poder.

Y la confirmación de que en el caso que comentamos podríamos estar ante un fenómeno semejante la anticipó el presidente Ollanta Humala cuando, en febrero, aseveró: “Me llama la atención que, justo cuando Daniel Urresti se inscribe en el Partido Nacionalista, le abren este pedido del fiscal al Poder Judicial para que lo incorporen en un juicio oral”. 

Hay que decir que, en ninguno de los ejemplos señalados, el supuesto afán de daño electoral desvirtúa la sustancia de las imputaciones planteadas. Pero en los tres primeros, la condición de potencial postulante o presumible candidato antecede por lo menos a las acusaciones. En lo tocante a Urresti, en cambio, la acusación original precede por mucho a su ‘precandidatura oficial’. Y a diferencia de lo que sucede en las matemáticas, en la lógica de las causas y los efectos, el orden de los factores sí es determinante.

Esto, ciertamente, no debe afectar la presunción de inocencia que, al igual que a cualquier otro ciudadano, asiste al ex ministro del Interior. Pero sí nos obliga a estar particularmente atentos a los intentos de distracción que pudieran producirse alrededor del esclarecimiento de un caso que ya esperó mucho tiempo para ser resuelto.