Editorial El Comercio

Esta semana sucedió lo que los críticos del Gobierno y la prensa presagiaban: el exministro de Transportes y Comunicaciones desapareció antes de que la orden de detención preliminar, solicitada contra él por la fiscalía y autorizada por el Poder Judicial, pudiese alcanzarlo. Es decir, fuese ejecutada por la Policía Nacional.

Como se sabe, la referida orden fue dictada a la luz de lo que recientes audios de una conversación entre él y Zamir Villaverde revelaron sobre los que habría recibido de este último para favorecer a determinadas empresas en las licitaciones que dependían de su despacho. Una pieza, cabe anotar, que encaja perfectamente en el esquema planteado en el testimonio de la colaboradora eficaz Karelim López acerca de la existencia de dedicada precisamente a esos menesteres delictivos. Lo más grave, además, es que, según lo declarado por López, quien encabezaría esa supuesta organización criminal sería el presidente .

Así las cosas, era fatídicamente previsible que, del exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco y el sobrino del mandatario Fray Vásquez Castillo (señalados ambos como integrantes de esa misma mafia), Silva se diera a la fuga. Por eso, antes de que ello ocurriera, una multitud de voces llamó la atención sobre el hecho de que la reacción que se requería de parte del Ministerio Público estaba demorando y sobre la necesidad de que la policía tomara inmediatas precauciones para evitar una eventual fuga del investigado.

Ahora, efectivamente, hemos constatado que el exministro se hizo humo y, con ello, una serie de situaciones que ameritan una rendición de cuentas urgente por parte de la policía y el Ministerio del Interior (Mininter). La fiscalía precisó que el pasado 27 de mayo solicitó que la policía “ejecute la medida de videovigilancia de dicho ciudadano” y el 4 de junio el Poder Judicial aprobó el pedido de detención preliminar. Pero y el Mininter parecen haber reaccionado recién el martes 6, cuando ya el investigado no era habido y la noticia corría a través de los diferentes medios de comunicación.

Como es de suponer, ante tamaño escándalo, los ojos de la opinión pública se volvieron inmediatamente hacia el titular del Interior, … pero para obtener una reacción particularmente desvergonzada de su parte. Tras aseverar que desde que asumió la cartera había dado instrucciones a fin de “redoblar los esfuerzos para lograr la captura de todos aquellos requisitoriados por la justicia, sin importar quiénes sean”, Senmache declaró efectivamente en una entrevista con Canal N: “No soy el que va a permanecer en la puerta de un domicilio esperando si sale o no sale una persona”. Una sentencia tremendamente descarada, pues es evidente que la responsabilidad de que no hubiera efectivos policiales delante de la puerta que correspondiese en el momento en el que Silva dejó su último paradero conocido recae sobre él.

Si el Poder Judicial aprobó la detención preliminar el sábado, ¿qué pasó a partir de ese instante con los “redoblados esfuerzos” de los que habló Senmache? ¿Y con la videovigilancia solicitada hace casi dos semanas por el Ministerio Público?

El ministro del Interior, pues, no solamente ha faltado de forma gruesa a la responsabilidad que le tocaba, sino que da respuestas altaneras a quien se atreve a enrostrárselo. Ayer se conoció que la Comisión de Fiscalización del Congreso para mañana para que dé explicaciones sobre las acciones tomadas –o, más bien, dejadas de tomar– por su despacho ante la orden de captura de Silva. Pero eso, que constituye un reflejo razonable de la representación nacional, no es suficiente. Senmache ha dado claramente signos de no dar o no querer dar la talla para la inmensa responsabilidad que le ha sido encomendada. Y, por razones más que evidentes, se puede dar por descontado que el presidente Castillo no va a hacer cosa alguna al respecto.

La censura a este funcionario carente de vergüenza es, en consecuencia, la única salida aceptable.

Editorial de El Comercio