Editorial: Palabra gaseosa

A estas alturas, no es del todo un misterio lo que fomenta la inversión privada en distintos países: perspectivas de crecimiento económico moderadas, libertad de empresa y contratación, derechos de propiedad asignados y, necesariamente, reglas claras y respeto por los contratos. Llama entonces la atención cómo candidatos presidenciales que prometen tasas de crecimiento de más de 5% obvian este último punto.

En concreto, son ya más de cinco los aspirantes a la presidencia que se han mostrado a favor de una renegociación unilateral del contrato de exportación del gas de Camisea, a fin de que el Perú obtenga mayores regalías. “Discutamos cuánto nos están pagando por exportación y regalías del gas de Camisea. Eso tenemos que renegociar”, dijo por ejemplo Alfredo Barnechea, candidato por Acción Popular. El Frente Amplio, el Partido Humanista y Perú Patria Segura incluyen este tema en sus respectivos planes de gobierno.

El punto –dicen los candidatos– es que a raíz del contrato firmado entre el 2004 y el 2005 las regalías que recibe el Estado Peruano por la exportación del gas están ancladas al marcador referencial estadounidense Henry Hub, cuyo valor actual es de US$2,2 por millón de BTU, mientras que en otros destinos, como Asia, el valor de lo exportado puede ser mucho mayor.

Si bien Perú-Petro ha aclarado que el Gobierno Peruano actual no busca forzar una renegociación con el Consorcio Camisea a partir de la explotación del gas del lote 56, la retórica política de la campaña apunta a exigir a los privados sentarse a la mesa para cambiar las condiciones del pacto. Por supuesto que, si una de las partes involucradas en este o en cualquier acuerdo desea sondear la posibilidad de alterarlo, tiene total derecho a plantear la propuesta de modificación a su contraparte. Pero de ahí a exigir renegociaciones, como más de un candidato ha sugerido, hay un largo trecho. 

Parte del discurso a favor de la modificación del contrato se basa en que cambios en las circunstancias que afectan a las partes pueden gatillar condiciones distintas en el acuerdo. Si esto es cierto, entonces el momento elegido para renegociar no podría ser peor. El bajo precio del petróleo, la disminuida demanda china y la expansión de la oferta energética de Estados Unidos y próximamente de Irán, entre varios otros factores internacionales, restan valor al gas peruano fuera de nuestras fronteras. 

No está de más recordar que los países que desconocen acuerdos de este tipo están sujetos a onerosos procesos arbitrales internacionales que están en pocas condiciones de ganar. El artículo 62 de la Constitución Política del Perú, además, es claro en afirmar: “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

Pero más allá de todo ello, la amenaza a la estabilidad jurídica durante campañas electorales coloca al Perú como un país en el que las condiciones de las inversiones de largo plazo se pueden poner en discusión cada cinco años. Contratos como el que permite la explotación y distribución del gas de Camisea, conviene recordar, no son firmados a nombre del gobierno ni del funcionario de turno sino del Estado Peruano, institución que trasciende a las personas y que se compromete a respetar lo acordado. 

En un contexto en el que la confianza económica de los ciudadanos y de los empresarios es baja, proponer modificaciones unilaterales de contratos de parte del Estado resulta una pésima idea.

Los espíritus animales de los inversionistas de John Maynard Keynes, al fin y al cabo, sí responden a algunos patrones predecibles y constantes. No es un misterio, entonces, que la falta de respeto por palabra empeñada y la prepotencia institucional como línea de campaña electoral sean algunas de las cosas de las que primero huyen.