Editorial: Pantomima electoral

Varias eran las razones para pensar que los comicios regionales celebrados en Venezuela el último domingo terminarían con una derrota estrepitosa para el chavismo.

Como se recuerda, la última vez que los venezolanos acudieron a las urnas en un proceso que contó con mínimas garantías –a fines del 2015–, la oposición triunfó de manera apabullante y consiguió 112 de los 167 escaños en la hoy disuelta Asamblea Nacional Legislativa. Y ahora, según el sondeo de octubre de Venebarómetro (una encuestadora independiente), el panorama se mostraba poco halagüeño para el régimen de Nicolás Maduro: el 71% consideraba su gestión como ‘mala’ o ‘muy mala’, el 92% calificaba la situación del país como negativa y solo el 27,6% afirmaba que votaría por un candidato oficialista (frente al 51,7% que dijo que apoyaría a un opositor).

Los resultados del domingo, no obstante, terminaron por rebasar hasta los mejores pronósticos del oficialismo. Al cierre de la jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado desde hace años por el Gobierno– informó que el chavismo había ganado 17 de las 23 gobernaciones en disputa, y que la oposición había perdido, inclusive, en estados en los que era favorito (como Miranda o Carabobo).

Si bien hasta el momento no existe evidencia contundente de que los resultados en las urnas hayan sido fraudulentos, los números traslucen poca confianza. Sobre todo si recordamos el turbio proceso que desembocó en ellos y la retahíla de acciones emprendidas por Maduro y sus adláteres para obstaculizar los comicios.

En primer lugar, es un fuerte precedente la denuncia planteada en agosto por la propia empresa a cargo del sistema de votación electrónico en Venezuela sobre la inserción ilegal de más de un millón de votos en las elecciones para la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

Por otro lado, la fecha misma de las elecciones se mantuvo largamente en suspenso y fue modificada hasta en dos oportunidades (de octubre del 2016 a diciembre del 2017 y luego al 15 de octubre último). Asimismo, apenas tres días antes del sufragio fueron reubicados 274 centros de votación, lo que afectó a 715.000 electores.

A esto se suma el abanico de cortapisas que el Ejecutivo recargó sobre la oposición en un intento por silenciarla. Según números confirmados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, actualmente existen 419 presos políticos en Venezuela, además de varios opositores que han sido condicionados por el chavismo (el ex candidato presidencial Henrique Capriles, por ejemplo, ha sido inhabilitado por 15 años debido a una denuncia de la contraloría).

Mención aparte merece la publicación de un video la semana pasada –por parte de la defenestrada fiscal general, Luisa Ortega– con las declaraciones de Euzenando Azevedo, ex presidente de Odebrecht en Venezuela, en las que asegura que la constructora aportó US$35 millones para la campaña electoral de Maduro en el 2013.

Y es que el fraude no se da únicamente cuando se violenta de manera burda la discrecionalidad de los votos. Ocurre también cuando una de las partes aprieta, persigue y encarcela a la otra con el objetivo de amedrentarla o descalificarla, como ocurre sistemáticamente en el país llanero.

El régimen dictatorial de Maduro ha copado el universo de instituciones a su disposición (como los órganos electorales, la fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ejército, etc.), los derechos ciudadanos son constantemente pisoteados y los comicios son, desde hace mucho tiempo, procesos inequitativos en los que el oficialismo parte siempre con una abrumadora ventaja.

Toda una crisis institucional, además, que se encuentra recubierta por una mucho mayor de carácter humanitario y económico, la cual palpita junto al desabastecimiento de productos básicos, la inflación más alta del mundo (el FMI proyecta que llegará a 1.134% este año) y una violencia desbocada que ha llevado al país a tener la segunda tasa de homicidios más alta del planeta.

A estas alturas, resulta una entelequia pensar que los resultados electorales del último domingo son una garantía de democracia en Venezuela (como el chavismo quiere hacer creer). Lo que la victoria del régimen chavista sí parece indicar, en cambio, es que, al menos en el corto plazo, la crisis continuará.