Editorial: Paradigmas caseros

Algunas lecciones le quedarán al país luego de superado el difícil trance en el que lo ha puesto el avance del COVID-19. Aunque aún no manifiesto del todo, quizá el aprendizaje principal sea la importancia de contar con un sistema de salud inclusivo y efectivo. Empieza a saltar también, por ejemplo, la necesidad –por años postergada– de identificar a los hogares en condición de vulnerabilidad y que, llegado el momento de la emergencia, necesitarán ayuda adicional.

Entre las lecciones que deberían quedar para el sector privado está, sin duda, la utilidad del trabajo remoto. El aislamiento social obligatorio ha forzado a miles de empresas a coordinar sus operaciones desde el hogar de cada trabajador. Algunas compañías tomarán nota de la eficiencia que han podido alcanzar en estos días para continuar con políticas de teletrabajo aun cuando las medidas de contención del virus se relajen.

Pero la lección también vale para la administración pública. El Gobierno tuvo, inicialmente, el buen tino de flexibilizar de manera parcial la inoperante legislación que se había construido alrededor del teletrabajo. A pesar de varios esfuerzos de mejora durante los últimos años, la regulación del trabajo a distancia –poco clara a veces, y rígida otras– había impedido su despegue. En esta situación, con el Decreto de Urgencia 026-2020 del 15 de marzo, un día antes de que entrara en vigor el estado de emergencia, el Gobierno facilitó temas como la modificación del lugar formal de trabajo, el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad en el hogar, y la utilización de equipos necesarios.

De manera sorprendente, no obstante, al poco tiempo la administración pareció dar marcha atrás. Con la publicación del Decreto Supremo 10-2020 se restituían algunas de las rigideces previas al decreto de urgencia mencionado. Disposiciones sobre la compensación de gastos, la fiscalización del trabajo, las comunicaciones sobre salud y seguridad, entre otras, fueron modificadas ocho días luego de que miles de empresas ya estuvieron operando con trabajo a distancia.

A la fecha, el Gobierno se ha mostrado reacio a debatir las duras medidas laborales que eventualmente serán necesarias en caso de una crisis económica extendida. La facilitación del trabajo a distancia, de hecho, debería contarse entre las políticas laborales más simples y populares a implementar mientras dure la emergencia.

Si en el caso de disposiciones laborales sencillas y necesarias, como esta, el Gobierno está poco dispuesto a flexibilizar el rígido marco laboral que ahoga al empleo formal, no queda claro cuál será su reacción si empezasen a llegar en masa los pedidos de cese colectivo, de reducción unilateral de sueldos o de licencias sin goce de haber para mantener a flote a las empresas más impactadas por la situación actual.

El mundo –ya está claro hoy– no será el mismo luego de la pandemia del COVID-19. La emergencia ha obligado a gobiernos, empresas y ciudadanos a replantear sus hábitos, sus ideas y sus modelos de trabajo. Muchos cambios serán duraderos. El Gobierno Peruano, que reaccionó bien y rápido a la crisis sanitaria que tenía enfrente, está demorando un poco más en responder a las urgencias económicas que se van suscitando. Algunas de las modificaciones de política que se dispongan en estas semanas, además, podrían ser permanentes y para bien. Ese debería ser el caso del teletrabajo. Lo que se dice sobre las crisis y las oportunidades no es en vano.

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