Editorial: Paso de perdedores

La escalofriante balacera registrada días atrás en el Jirón de la Unión y a una hora en la que mucha gente circulaba por el lugar ha provocado en el ministro del Interior, Carlos Basombrío, una reacción que, por lo poco meditada, parece más bien un impulsivo reflejo.

Como se sabe, el episodio en investigación se habría producido a raíz de un intento de robo a un empleado de una casa de cambios por parte de cuatro delincuentes que, tras fracasar en su empeño, huyeron en dos motocicletas, no sin antes haber abierto fuego indiscriminadamente en esa vía pública, con el terrible saldo de una persona muerta y varios heridos.

Lo ocurrido ha puesto una vez más en evidencia varias debilidades de la seguridad en la zona y en la ciudad en general que deben ser atendidas para tratar de evitar que algo así se repita. El titular del Interior, sin embargo, ha preferido concentrarse en un aspecto periférico del problema: las motocicletas.

Por sus dimensiones y velocidad, así como por la maniobrabilidad que permiten en las calles, las motocicletas son recurrentemente utilizadas por quienes planean crímenes de distinta naturaleza, por lo que Basombrío ha anunciado su intención de prohibir que “dos adultos varones” viajen en una de ellas. “Van a ser medidas de restricción temporal hasta que podamos bajar el nivel de criminalidad”, ha dicho. Y ha agregado que, además de estar vigente solo por un período impreciso, la prohibición propuesta solo regiría en algunas ciudades del país y no sería aplicable para los casos en los que las personas a bordo de la moto fuesen, por ejemplo, padre e hijo.

Es decir, no solo está postulando convertir en ilegal una conducta perfectamente legítima –como la de viajar de a dos en una moto–, sino también hacerlo de un modo tan atravesado de excepciones que permitiría una discrecionalidad tal a los policías que podrían intervenir a quienes se desplacen de esa manera que sería una invitación a la corrupción.

A propósito de las excepciones, por un lado, es absurdo pensar que un hombre y una mujer (o dos mujeres), o que un hijo y un padre no puedan cometer un delito como el que se pretende impedir. Y, por otro, ¿en qué punto de las afueras de Lima, por citar un caso, dejaría de estar prohibido el viaje en moto de a dos? ¿Cómo harían los policías para determinar el grado de parentesco entre dos detenidos si es que uno de ellos no lleva su DNI? O, peor aun, ¿cómo harían para establecer a simple vista el sexo de los pasajeros si estos llevan el casco reglamentario puesto? ¿O es que piensan detener a todos?
Si el problema, además, son las oportunidades para la fuga y la impunidad que las motocicletas ofrecen, ¿por qué no vetar de una vez los automóviles con lunas polarizadas o los que alcanzan rápidamente una alta velocidad? ¿Y, ya que estamos en eso, hasta el paso apresurado de los peatones en la ciudad?

El ministro Basombrío, cuya gestión ostenta no pocos logros en el combate al crimen organizado y en la captura de delincuentes gracias al sistema de recompensas, tiene una inclinación a los anuncios dramáticos y precipitados que hemos comentado antes en esta página. Pero en este ocasión amenaza con hacer algo más grave: atropellar derechos normales de la gente, como supondría la prohibición de una conducta legítima, según hemos explicado líneas arriba. La razón esgrimida es la de la prevención del crimen, pero si para hacer tal cosa, los ciudadanos tenemos que empezar a movernos en cámara lenta por disposición de la autoridad, más que avanzar, habremos retrocedido cediéndole espacio al flagelo mismo que se quiere detener, en lo que constituiría una derrota sin atenuantes.