Editorial: La plantilla autoritaria

En tres semanas el diario más antiguo de Venezuela, “El Impulso”, dejaría de imprimirse luego de 110 años. La razón: el gobierno no lo autoriza a comprar los dólares que necesita para importar el papel en el que se imprime. Un problema que padece buena parte de la prensa venezolana, pues el chavismo usa esta estrategia para ahogar a las publicaciones críticas. Según el Instituto Prensa y Sociedad, desde finales del 2013 esta situación ha llevado a que deje de circular una docena de diarios, a que veinte reduzcan sus páginas y su tiraje, y a que el 40% de diarios tenga problemas para reponer inventarios. 

Hay que reconocer que, si algo no escasea en Venezuela, es la creatividad para perseguir a los medios. Por ejemplo, se pena la difusión de imágenes que el gobierno considere violentas. Esto es lo que le sucedió al diario “El Nacional” por publicar una foto de una morgue en mal estado. La difusión de noticias sobre la economía venezolana también puede merecer una sanción. Fue el caso de Globovisión, a la que se le inició un procedimiento por informar sobre la escasez (hecho que según Maduro era equivalente a hacer “propaganda de guerra”). Además, el gobierno puede sancionar a quienes difundan noticias que, a su juicio, causen pánico, como cuando persiguió también a Globovisión por informar sobre un terremoto antes que las autoridades. Y no olvidemos que se creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, facultado a clasificar información pública como “reservada”, impidiendo así su discusión mediática.

Hay que sumar que el oficialismo venezolano acabó con muchos canales de televisión simplemente quitándoles sus licencias de transmisión. A numerosos medios los acogotó con procedimientos judiciales y administrativos. En otros casos, sus seguidores han recurrido a la violencia, como cuando 150 motorizados que vociferaban consignas oficialistas lanzaron bombas molotov al diario “La Región”, mientras grupos armados amenazaban con quemar vivos a los periodistas. 

Lo irónico de este asunto es que todas estas medidas se tomaron en nombre de la “democratización de los medios” y para proteger la “pluralidad informativa” en la sociedad. 

Estas medidas vienen siendo reproducidas como una plantilla por el resto de gobiernos de la región que comulgan con la ideología bolivariana.

En Argentina, el oficialismo explora la posibilidad de apoderarse de la mayoría de acciones de Papel Prensa (la empresa que fabrica el papel para los diarios) con lo que lograría someterlos a través del control de su principal insumo.

También ha incursionado en el control de contenidos al establecer multas a quienes contradigan las cifras oficiales. Además, distribuye la publicidad estatal para favorecer a los medios afines al kirchnerismo, presiona a los supermercados para que no anuncien en diarios opositores, y ha establecido que los partidos de fútbol no sean transmitidos en las cadenas críticas del gobierno y que se realicen a la misma hora que el programa de su periodista más crítico.

Paralelamente, el kirchnerismo pasó una ley que limita la propiedad de los medios para desmembrar a los grupos mediáticos críticos y se encargó de que en los últimos cuatro años el 96% de nuevas licencias para radiodifusión se reparta entre medios estatales. 

El uso de la administración tributaria para acosar a la prensa, por último, también es común en Argentina.

En Ecuador, similarmente, el molde se aplica con rigor. Se diseñó un consejo censor, se creó el delito de “linchamiento mediático” para sancionar a los periodistas que critiquen a funcionarios públicos, se impide a la prensa acceder a los ministros de Estado, se prohíbe publicar lo que el gobierno considere “opiniones tendenciosas”, y se ha llegado al extremo de sancionar a los caricaturistas incómodos. Además, por ley, se redistribuyeron las frecuencias del espectro radioeléctrico para acallar a las voces opositoras. Y el Poder Judicial, sumiso a Correa, no vacila en fallar contra el periodismo crítico del oficialismo.

Excusándose en que la prensa no refleja todas las voces, los gobiernos autoritarios de la región aplican esta plantilla. Y, así, vienen logrando que la única voz que se escuche sea la suya.