Editorial: Poco brillo

Hace poco más de una semana, desde este espacio nos preguntábamos en honor a qué méritos el presidente Martín Vizcarra había decidido restituir a Edmer Trujillo como titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones (MTC). La pregunta, como explicamos en ese editorial, se justificaba en los cuestionamientos y en las flagrantes ineficiencias que caracterizaron su gestión anterior, la que duró poco más de un año.

Como se sabe, el paso del señor Trujillo por el MTC estuvo ensombrecido por la tragedia, con la muerte de 17 personas en los alrededores del otrora terminal de Fiori el 31 de marzo en un local que había sido habilitado por su gestión. A esta circunstancia se sumó la respuesta que el funcionario dio a este Diario tras el siniestro sobre la supervisión de estaciones de buses informales, con la que buscó achacarle la responsabilidad a los municipios en un gesto que, más que nada, pareció una lavada de manos. Además, en su momento, el actual ministro buscó explicar ciertas ineficiencias con frases como “este es un ministerio con muchas responsabilidades que abordar, es imposible que en un año pueda resolver todo, lo importante es comenzar”.

En suma, un cúmulo de antecedentes que hacen reprochable que alguien sea galardonado con una restitución y que nos llevaron a ponderar si la conocida relación entre el señor Trujillo y el presidente tuvo algo que ver con su reaparición en el Ejecutivo.

Ahora, una nueva controversia se cierne sobre el Gabinete de Vicente Zeballos que pone en duda, una vez más, los criterios con los que este se conformó. En esta ocasión el protagonista es el flamante ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el excongresista oficialista Jorge Meléndez.

Según dio a conocer Panorama, la señora Érika Fernández Carrasco, madre del hijo de Meléndez y auxiliar en la Comisión de Ética del Parlamento entre junio y agosto del 2018, habría llegado al puesto tras una recomendación del actual titular del Midis a la entonces presidenta del grupo de trabajo Janet Sánchez. Como se sabe, en ese momento ambos exlegisladores pertenecían a la misma bancada y, según Sánchez, el ministro recomendó a Fernández pero ella “desconocía que tenía vínculo con el congresista”.

El miembro del Gabinete, sin embargo, ha asegurado que él no tuvo que ver en la contratación de Fernández e incluso ha ensayado una defensa que parece sugerir que las acusaciones planteadas tienen una raíz en el género de la otrora auxiliar: “Es un insulto para ella y para las mujeres en general que pretendan dejar entrever que necesitan alguna ayuda para trabajar”, ha dicho. La verdad, sin embargo, es que, a pesar de lo que diga el señor Meléndez, las circunstancias de la contratación de Fernández resultan extrañas y percuden un gabinete que, por el bien del país, no se puede dar el lujo de acumular más dudas.

Por otro lado, en línea con esto último, tampoco ayuda la reaparición de la señora Patricia Balbuena, exministra de Cultura, en el Ejecutivo, esta vez como viceministra de Prestaciones Sociales en el Midis. Como se recuerda, el año pasado la señora renunció al cargo en el marco de la irregular licitación que se hizo a favor de la empresa Arqueo Andes S.A.C., fundada por el entonces viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales Luis Villacorta.

En condiciones normales todos los reparos que se pudiesen tener con respecto a un gabinete ministerial podrían ser señalados y fiscalizados por el Congreso de la República, que tendría que darle o negarle la confianza. Por el momento (y hasta que exista un nuevo Parlamento) esto no puede darse y recae en la prensa y en la ciudadanía cerciorarse de la idoneidad de los nuevos miembros del Ejecutivo.

El Gobierno, no obstante, debió ser más acucioso a la hora de elegir a sus colaboradores y quizá, en algunos casos, ver más allá de las simpatías y afinidades políticas que pudiese tener con ellos. Ello habría incluido preocuparse por que se nombren individuos que susciten pocas controversias y den tranquilidad al país.