Editorial: Podemos vuelve a la carga

Hace dos semanas, recogimos en esta página las declaraciones que el legislador César Combina había realizado en una entrevista en RPP. “Hay grupos [en el Congreso] que están buscando inestabilidad y esto no es positivo para nadie”, afirmó entonces el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), para luego agregar, tras la insistencia de la periodista para que revelase nombres concretos, que “es importante identificar, por ejemplo, en bancadas como Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú alguna posición reactiva”.

La advertencia del señor Combina llegaba en un momento en el que, desde las redes sociales, integrantes de la bancada de Podemos Perú, como Cecilia García y José Luna Morales, venían espoleando una campaña de ataques contra la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, por negarse a priorizar la insistencia del proyecto de ley para la ‘devolución’ de aportes a la ONP (que finalmente se aprobaría unos días después).

La semana pasada, sin embargo, el tono de las amenazas de Podemos Perú subió de nivel y la palabra ‘censura’ empezó a oírse sin remilgos.

Como sabemos, el Congreso debe responder a la demanda que el Ejecutivo interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la ley aprobada por insistencia en el Legislativo que “devuelve” los aportes de los afiliados a la ONP. Legalmente, el Parlamento dispone de 30 días útiles para enviar sus argumentos al TC, pero, como es evidente, mientras más rápido proceda en este aspecto, más rápido llegará el fallo del tribunal. Y, en el caso particular de esta norma, el tiempo es un factor clave pues, como han anotado varios constitucionalistas, una vez hechos los desembolsos no habrá resolución que pueda conseguir que el dinero sea devuelto.

Pues bien, interrogado el último jueves por la posibilidad de que la Mesa Directiva responda pronto la demanda, el vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, expresó: “Nosotros queremos que se tomen los tiempos reglamentarios, que son 30 días útiles […], y que esta también sea respondida por los mejores juristas del país y, a su vez, presentada a los voceros, para tener un control de los plazos”. Para luego agregar: “No vamos a permitir que la próxima semana contestemos una demanda, porque seríamos irresponsables y, ahí sí, yo pediría, como vocero de la bancada, la censura de la Mesa Directiva”.

Poco después, el también legislador de Podemos Perú Carlos Almerí trató de matizar los dichos de su colega, asegurando que este había incurrido en una “ligereza”, lo que abría la puerta a pensar que la postura de su vocero no tenía eco dentro del grupo político, pero fue el propio Espinoza el que se encargó de despejar las dudas al día siguiente, al afirmar que “[este] también es el sentir de varios parlamentarios” y que la censura “va a ser la posición de la bancada”.

A estas alturas, está de más decir que poner en vilo la estabilidad de una Mesa Directiva que fue la única salida potable a una crisis política a la que hace un mes una mayoría del Congreso –en la que se encuentra Podemos Perú– nos empujó de manera obcecada sería un asalto al poder. Pero, además, hacerlo por la predisposición de su titular a cumplir los plazos de ley es de una maldad de aúpa. Nada sorpresivo, por cierto, viniendo de un partido político reñido con la ley (cuya inscripción arrastra serios cuestionamientos, cuyo fundador viene afrontando un pedido de prisión preventiva y cuyo candidato presidencial se encuentra inmerso en un juicio por homicidio) y cuya bancada impulsó este año las interpelaciones de exministros como Vicente Zeballos, Fernando Castañeda y María Antonieta Alva, pero que no podemos pasar por agua tibia.

Así, si Podemos Perú insiste en censurar a la Mesa Directiva por su diligencia en responder a la demanda del TC, no sería, como dice el señor Espinoza, porque esta ha procedido de manera “irresponsable”, sino porque posiblemente habría adelantado el final de una ley que fue aprobada, esta sí, con mucha imprudencia.