Editorial: Policías abandonados

Hace unos días informamos sobre la cobarde emboscada que sufrieron agentes de la Policía Nacional en el Vraem por parte de un grupo de narcoterroristas cuando se encontraban cumpliendo una misión denominada Corredor Seguro.  Los policías se desplazaban en un convoy en la provincia de La Mar (región de Ayacucho) con la finalidad de garantizar el traslado de material electoral para los comicios regionales y municipales del último domingo.  Producto de este atentado, los suboficiales Luis Vásquez y Sergio Mendoza perdieron la vida y otros cinco agentes resultaron heridos. 

Hay un hecho que es parte de estos lamentables eventos que no debería ser pasado por alto: durante la operación ninguno de los 27 policías contaba con chaleco antibalas o con casco de protección, ni se desplazaba en vehículos blindados. Y la situación es más grave. Según reportes de los propios agentes involucrados, ninguno de ellos contaba con un teléfono satelital que les hubiera permitido comunicarse y solicitar apoyo a la brigada del Ejército que tiene una base en el centro poblado de San Francisco, a solo 45 minutos de la zona de la emboscada. Uno de los sobrevivientes señaló que tardaron más de 40 minutos en repeler a los atacantes y que recién más de una hora después pudieron evacuar al agonizante suboficial Mendoza. Si el convoy hubiera estado mínimamente equipado para al menos poder comunicarse al instante del ataque, el pedido de ayuda podría haber sido inmediato. En cambio, las Fuerzas Armadas se enteraron de lo sucedido 20 minutos después de que terminó el enfrentamiento gracias a que uno de los vehículos pudo escapar y dirigirse a la base a solicitar ayuda. 

Al arribo de los cuerpos a Lima, el ministro del Interior, Daniel Urresti, declaró a los familiares de los policías asesinados: “No los vamos abandonar, vamos a estar con ustedes”. Una pena, sin embargo, que la solidaridad del Estado no hubiese llegado antes, pues este no tuvo problema en abandonar a su suerte a los policías al mandarlos a una operación de alto riesgo sin el equipamiento necesario. Y no es que el Estado no estuviese advertido de estas carencias. Los propios mandos destacados en el Vraem ya habían solicitado implementos de seguridad hace siete meses, pero el Ministerio del Interior parece haber estado sordo. Sin duda, una total negligencia. 

No es, tampoco, que la historia sea nueva. En diciembre del 2006, cerca de los puestos policiales en la misma localidad de La Mar, un grupo de Sendero Luminoso emboscó y asesinó a cinco policías y a tres trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca. “Aquella vez nuestros compañeros tampoco contaban con chalecos antibalas”, sostiene otro de los policías que sobrevivieron al reciente atentado. 

La negligencia estatal no termina ahí. En el 2012, ante esta situación de desprotección, el Comando del Ejército dispuso la adquisición de mil chalecos antibalas tipo 4 (que soportan municiones de fusiles Kalashnikov y Galil de calibre 7,62 que normalmente utilizan los senderistas) para proteger a los agentes en el Vraem. Sin embargo, “para abaratar costos” finalmente se adquirieron otros chalecos de menor calidad e inapropiados para el combate en la zona, por lo que no fueron utilizados.

Un informe de la contraloría, para colmo, detectó en el 2012 el mal estado del armamento  (de 25 a 37 años de antigüedad) y del equipo logístico en el Vraem. También se encontró que no se contaba con celulares satelitales, computadoras y mucho menos con acceso a Internet. Si bien el año pasado se dedicó una partida presupuestal para mejorar esas condiciones, esto no ha servido de mucho. La policía en dicha localidad no tiene Internet y tiene que utilizar la del servicio de áreas protegidas del Estado (Sernanp). Para colmo, en caso de una falla eléctrica sus teléfonos no funcionan.  
Es un escándalo que el Estado sacrifique a nuestros valientes policías enviándolos a combatir al narcoterrorismo en esas condiciones. ¿Se hará responsable a alguien por esta negligencia o esperaremos pasivamente que esto vuelva a ocurrir?