Editorial: Una política saludable

El médico Aníbal Velásquez reemplazó a Midori de Habich como titular de Salud hace un centenar de días tras ocupar el cargo de viceministro del sector. Desde este espacio, celebramos que el actual ministro continúe con la reforma de salud iniciada por la anterior administración y esperamos que se mantenga. 

Es positivo que se haya tomado la firme decisión de impulsar una verdadera reforma mediante la construcción de hospitales en todo el país y el reforzamiento de sus redes de salud. Solo en Lima, por ejemplo, el ministro se ha comprometido a construir 12 hospitales por un monto de aproximadamente S/.4.500 millones, al aumento de la oferta de 1.375 camas a 2.469 y a cuadruplicar las consultas ambulatorias. 

En ese sentido, hace bien el ministro en señalar que uno de los mayores problemas que afronta el país es la deficiente atención de primer nivel, lo que conlleva a consecuencias nefastas para el sistema de salud en el país. Dada esta situación, cuando una persona tiene un dolor de estómago o una enfermedad que pudiera ser atendida fácilmente por un médico de familia, las personas terminan acudiendo a hospitales de tercer nivel, lo que congestiona el sistema de salud. Por ello, para el ministro Velásquez, “la planificación no solo implica una gran infraestructura sino una red de servicios”.

El problema es que los hospitales de tercer nivel debieran operar principalmente como centros altamente especializados donde se realizan intervenciones complicadas, como trasplantes de órganos o una operación de Whipple (operación al páncreas de entre 10 y 14 horas), mas no para la atención de enfermedades menores que pudieran ser atendidas en otros centros de salud. Así, las personas no son cuidadas a tiempo y la calidad del servicio disminuye porque simplemente no se dan abasto. Según el titular de Salud, se debe “fortalecer la atención ambulatoria de pacientes duplicando el número de consultorios destinados a dar servicios de medicina general. La demanda de atención primaria no es atendida adecuadamente y por eso los hospitales colapsan”.

Para ello, durante la gestión de Midori de Habich, en un hecho sin precedentes, se abrió la puerta a los privados para que participen en la reforma, lo cual se ha mantenido hasta hoy. Y es claro que se ha iniciado un ambicioso proyecto de introducir incentivos privados en la gestión administrativa de los servicios de salud públicos. El primer paso ocurrió cuando Pro Inversión otorgó la buena pro de la gestión del Hospital del Niño de San Borja a través de una asociación público-privada (APP). El beneficio de apostar por esta modalidad de gestión es que al pasar la responsabilidad de la administración de un hospital público a una empresa privada se crean las condiciones para que se logre una mayor eficiencia administrativa. Y es que, a diferencia de lo que sucede con la burocracia, una mala gestión de la institución privada supondrá menos utilidades, lo que generará incentivos para que las cosas funcionen como deberían. Por otro lado, con este esquema el Estado ya no tiene que realizar la compleja tarea de gestionar el hospital, sino que se limita a fiscalizar que el concesionario cumpla con lo pactado en su contrato. 

Y pese a que ha habido una crítica a esta modalidad por varios congresistas –lo cual resulta paradójico, pues sería interesante saber si estos críticos se atienden actualmente en los hospitales del Estado–, el sector se ha mantenido firme en su posición de fomentar las APP en el caso de alimentación, limpieza y seguridad. En efecto, habría que recordarles a los parlamentarios que un contrato mediante la modalidad de APP no implica la privatización de los servicios de salud (lo cual de por sí no debería ser algo necesariamente contraproducente). Por el contrario, significa un convenio entre el Estado y los privados para que estos, allí donde los servicios públicos son deficientes, entren a operarlos con eficacia por un plazo determinado. Es más, esperemos que la participación del sector privado progresivamente vaya avanzando a la “bata verde” (servicios de enfermería) y eventualmente a la “bata blanca” (médicos).

Aníbal Velásquez heredó una complicada pero adecuada política de salud que rompía con los esquemas tradicionales que se habían enquistado en el Estado. Ha hecho bien, pues, el ministro en continuar con la política de brindar una mejor atención a todos los peruanos mediante el incremento de hospitales, reforzando las redes asistenciales y dejando que los privados participen en el proceso. Y si todos nosotros queremos tener acceso a una buena salud, es primordial respaldar estos esfuerzos y no dejar que sean captados por intereses políticos.