Editorial: Pólvora mojada

Que en el segundo gobierno de Alan García se produjeron hechos y decisiones que merecían ser investigadas con ojo moralizador es algo que pocos dudan. Pensemos nada más, por ejemplo, en el caso Business Track para comprobarlo –tan grave como para traerse abajo a un gabinete y sin embargo dejado atrás con innumerables cabos sueltos durante la gestión pasada –.

El riesgo, no obstante, fue siempre que los afanes políticos que pudieran existir detrás de la megacomisión creada en el Congreso para investigarlos acabasen restándoles peso a asuntos de índole ética cuyo desbroce era fundamental para el futuro del país, sin importar quién ganara o perdiera en las siguientes elecciones.

Durante los primeros dos años de gobierno, efectivamente, se temió que los planes -nunca negados a lo largo de todo ese tiempo- de una eventual candidatura presidencial de la primera dama Nadine Heredia fuesen el combustible fundamental de todo el proceso, y la descalificación de García como eventual competidor en el 2016, su propósito final.

Como se sabe, la eficaz campaña encabezada precisamente por el líder aprista contra lo que él denominó “la reelección conyugal” acabó desbaratando esa posibilidad y obligando a la esposa del presidente a descartar, por fin, toda aspiración por sucederlo. Y por eso mismo ofreció la oportunidad de someter el trabajo de la megacomisión a una prueba ácida: si al haber cambiado tan dramáticamente el escenario electoral todo lo referido a ella seguía igual, quedaba claro que nunca había tenido una motivación política. Pero si, en lugar de ello, todo se transformaba, lo sugerido sería lo contrario. 

Pues bien, la escena de hace dos noches en el Congreso, donde se votaron tres de los nueve informes elaborados por la megacomisión, ha tendido a confirmar esto último. Para empezar, más de un tercio de la representación nacional estuvo ausente, y Sergio Tejada, el presidente del referido grupo de trabajo parlamentario, hoy alejado de la bancada oficialista, se retiró de la sesión al término de la presentación del tercer informe (había dos más programados) por problemas de salud.

Todo esto puede haber obedecido a circunstancias perfectamente legítimas, pero lo cierto es que si el motor principal de todo el empeño hubiese sido el que siempre se declaró, la situación habría sido completamente distinta: el hemiciclo habría estado lleno de bote a bote y posiblemente ninguna enfermedad se habría cruzado en el camino de la exposición de las investigaciones ante el pleno.

Los acontecimientos de la madrugada del viernes, a decir verdad, dieron la impresión de ser el eco de una coyuntura política ya lejana y de importancia declinante. Y vistas las consecuencias prácticas de los informes votados, la impresión se confirma.

Con respecto a la presunta venta irregular del aeródromo de Collique, el caso pasará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con la recomendación de que se profundicen algunas pesquisas. En lo referido a los denominados ‘casos complementarios’, se le ha otorgado facultades a la Comisión de Fiscalización para que pueda investigarlos. Y en lo que concierne a los temas de enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial, solo se hallaron indicios de lo segundo en los ex ministros Aurelio Pastor y Luis Nava, y otros funcionarios de menor nivel, lo que ha sido enviado al Ministerio Público para que investigue. 

Si sumamos a esto, además, la debilidad de las acusaciones de los cuatro informes ya votados con anterioridad, llegamos a la conclusión de que toda la pólvora acumulada por la megacomisión estuvo desde el principio mojada. García -que tras haberse librado por prescripción de las serias acusaciones relacionadas con su primer gobierno, merecía ahora ser investigado seriamente antes de tentar un tercer mandato- no sale de este trance fortalecido, porque los ‘narcoindultos’ le han ocasionado una herida que lo hará sangrar a lo largo de toda la campaña. Pero en el balance no debe estar insatisfecho, pues, a pesar de tener varias explicaciones pendientes, los que lucían como sus flancos más débiles han quedado intactos y su tesis de la ‘persecución política’ ha adquirido visos de verosimilitud ante la opinión pública.

Es cierto que faltan votar todavía en el pleno los informes sobre Agua para Todos y los decretos de urgencia. Pero nada hace pensar que las pesquisas en esos casos hayan obedecido a una prioridad distinta que los anteriores y, por lo tanto, la pólvora que eventualmente puedan contener se encuentre en mejor estado. La política menuda, una vez más, se ha interpuesto en el camino de lo importante para desvirtuarlo. Una lástima.