Por la puerta fácil

Ayer, desde estas páginas, llamábamos la atención sobre la desfachatez con la que el ministro del Interior, Dimitri Senmache, había enfrentado las justificadas críticas a propósito de la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. De acuerdo con el Ministerio Público, este último habría encabezado –junto con el presidente Pedro Castillo– una mafia en el interior de su ministerio. La filtración del contenido de un audio en el que se escucharía a Silva recibiendo dinero ilícito del empresario Zamir Villaverde hacía evidente que el exministro tenía motivos de sobra para intentar pasar a la clandestinidad más temprano que tarde. Aun así, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Senmache negó que la policía o su despacho puedan asumir culpa por la desaparición de Silva, y atribuyó la responsabilidad a la fiscalía.

Ayer mismo, sin embargo, el Ministerio Público desmintió tajantemente a Senmache a través de un comunicado. En este, la fiscalía indica que desde el 27 de mayo solicitó videovigilancia al jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados a Crimen Organizado. En esa fecha, Silva estaba brindando su declaración en el edificio de la misma fiscalía, por lo que su ubicación era ampliamente conocida. En consecuencia, quedaba como responsabilidad de la policía conocer los siguientes paraderos del exministro.

No obstante, de acuerdo con el comunicado, “la respuesta de la PNP a esta solicitud durante los días siguientes fue que no lo tenían ubicado físicamente, pero que estaban realizando un seguimiento digital, el cual formaba parte de un procedimiento de inteligencia”. Una semana después, tales esfuerzos demostraban ser inútiles. Cuando la fiscalía solicitó un informe policial el 3 de junio para planear la detención de Silva, la respuesta que recibió de la policía al día siguiente era que no sabían dónde estaba. Increíblemente, según el Ministerio Público, “para esta fecha la autoridad policial continuaba sosteniendo que monitoreaba al exministro, aunque no contaba con la ubicación efectiva de su paradero”.

Además, la fiscalía arguye que nunca fue notificada de la solicitud de Silva para prescindir de los servicios de resguardo policial oficial. Lógicamente, esta debió haber sido una clara alerta para las autoridades sobre las intenciones de Silva, pero se dejó pasar.

Previo a esto, la legitimidad del Ministerio del Interior venía ya seriamente cuestionada. Las desapariciones de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, y del sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez Castillo, exudan incompetencia, y no sería exagerado conceder en estas la posibilidad de complicidad. Y la fuga de Silva –el funcionario de más alto perfil de todo este entramado después del presidente Castillo–, en las circunstancias en que se dio, termina de quitar el piso político que sostenía a Senmache en el cargo. Si el ministro no deja el fajín voluntariamente, será responsabilidad del Congreso proceder con el control político del Ejecutivo que le compete.

Así, todo apunta a que, para fugar, el ministro Silva no necesitó una estrategia demasiado sofisticada. Habría bastado simplemente la desatención y descoordinación de la policía. La alternativa –algún nivel de voluntad del Gobierno para evitar que Silva responda a la justicia– es mucho peor. En cualquier caso, es insostenible mantener la confianza en el ministro responsable de otra desaparición de investigados de alto calibre, una que era plenamente previsible para todos menos para quienes debían impedirla.