Editorial: Prensa Censurada

Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia son países con más de una cosa en común. Entre las características que comparten están, por ejemplo, una tendencia a las intervenciones estatales y una inclinación de sus mandatarios a perpetuarse en el poder. Pero también comparten algo más: un manifiesto afán por “democratizar los medios”.

Y es que para los gobernantes de estos países, los medios privados serían una suerte de empresas maléficas empeñadas en dañar el país. Mensaje que, dicho sea de paso, se encargan de transmitir siempre que encuentran una oportunidad. Para muestra varios botones. Nicolás Maduro ha dicho sobre uno de los principales diarios venezolanos, “El Nacional”, que comprarlo “es como comprar ácido muriático y desayunar con eso todos los días”. Rafael Correa, durante un mensaje a la nación, rompió copias de tres diarios que lo habían criticado. Y, solo por dar un ejemplo más, Cristina Fernández ha declarado: “A veces pienso si no sería también importante nacionalizar [...] los medios de comunicación”.

Varios años han pasado desde que se inició el camino de estos gobiernos contra los medios privados para conseguir una “mejor prensa”, y los resultados están allí para cualquiera que esté dispuesto a verlos. Estos días, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha presentado, como parte de su septuagésima Asamblea General, una serie de informes y resoluciones sobre el estado de la libertad de prensa en la región que pintan de manera muy clara el panorama.

Sin contar a Cuba, cuya paupérrima situación todos ya conocemos, es probablemente en Venezuela donde peor se encuentra la libertad de prensa. Ahí tenemos periodistas amenazados, procesados judicialmente y en algunos casos hasta torturados. Diarios que tienen que cerrar o reducir sus páginas por la escasez de papel e insumos, y que ahora enfrentan el hecho de que una corporación dependiente del presidente controla la importación de papel en todo el país y lo asigna discrecionalmente. Este año, además, muchas páginas webs y cuentas de Twitter han sido cerradas por transmitir información u opiniones que “dañaban” la revolución. Por lo anterior, la SIP concluye que en Venezuela el gobierno ha afianzado “un régimen de terror frente a quienes expresan sus disidencias con el comportamiento de las autoridades”.

En Argentina, continúan los ataques oficiales contra los medios críticos y desde los medios públicos se hostiga a quienes cuestionan el discurso oficial. Además, la Ley de Servicios de Comunicación –que hace cinco años se sancionó en medio de una embestida del gobierno contra la prensa independiente– se aplica de manera selectiva. Igual de discriminatoria es la distribución de la publicidad oficial, que beneficia a los medios afines al gobierno en perjuicio de los independientes.

En tanto, desde que el año pasado entró en vigencia la Ley de Comunicación en Ecuador existe un control de contenidos a los medios independientes y una imposición de multas y sanciones que restringen la libertad de expresión y han instaurado una autocensura en el periodismo. Alrededor de 300 funcionarios gubernamentales se dedican a monitorear que los medios no incumplan las normas comunicacionales. Además, la SIP recoge una acusación de la organización Fundamedios, según la cual el código penal tipifica algunos delitos –como la apología y la incitación a la discordia– muy vagamente, lo que acarrea el peligro de que se conviertan en vehículos contra la libertad de expresión.

Y Evo Morales viene acusando desde que entró al poder a la prensa opositora boliviana. Al igual que en Argentina, los medios estatales (que son cada vez más) reciben publicidad estatal en perjuicio de los privados. La libertad de prensa boliviana ha quedado reflejada en las últimas elecciones donde, entre otras cosas, se estableció que las campañas pudiesen ser solo 30 días previos a las elecciones, lo que ha otorgado una ventaja abismal al partido de Morales, que está, como ha denunciado la SIP, en “una campaña proselitista permanente” desde el 2005.

La “democratización de los medios” es, en fin, solo una frase que utilizan los gobiernos de estos países para justificar su deseo de censurar a la prensa y de que la única voz que se escuche sea la de ellos. Coincidentemente, también en esos países –donde los gobernantes no tienen empacho en perpetuarse en el poder y controlar todas las instituciones que pueden, incluso manoseando la Constitución en este afán– se habla de la “democracia” para buscar validar lo que no es otra cosa que el autoritarismo. Por ello, allí, la democracia se trata de una palabra vacía.