Editorial: Profesores y políticos bajo examen

La agobiante situación del sector Educación no es un problema reciente ni sencillo de resolver. Confluyen con las limitaciones que tenemos como país (pobreza, desnutrición infantil y escasa recaudación fiscal) las deficiencias específicas del sector (bajo nivel remunerativo, poca capacitación de los docentes, infraestructura defectuosa), y arrojan como resultado un modesto desempeño escolar.

Por esta razón, el reclamo de los profesores por una mejora de sus condiciones laborales encontró eco en un buen sector de la ciudadanía, en particular, en lo que refiere a sus remuneraciones. Profesores mejores pagados, se entiende, estarían en condiciones de formar mejores alumnos.

Las expectativas del incremento salarial por parte de algunos dirigentes sindicales, sin embargo, no estaban empatadas con la realidad ni capacidad del país. Durante este gobierno, el piso salarial para los docentes pasó de S/1.243 a S/1.780 y, a raíz de la huelga, se ofreció adelantar a noviembre el incremento a S/2.000 previsto para el 2018, lo que supone un gasto adicional superior a los S/1.100 millones anuales. Un esfuerzo fiscal significativo para una economía inundada por la informalidad, que recauda poco y, aun así, destina más recursos al sector Educación que a cualquier otro rubro del presupuesto (casi el 20%).

Pensar en un nuevo incremento que duplique los salarios hasta llegar a 1 UIT (S/4.050) como planteaba el Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales es, sencillamente, inviable.

El aspecto más insólito del pliego de los dirigentes sindicales que el día de ayer anunciaron el rechazo a las concesiones del Ministerio de Educación (Minedu) y la continuación de la huelga, sin embargo, es otro. Nos referimos a la propuesta de derogación de la Ley General de Educación y la Ley de Reforma Magisterial en lo que atañe a las evaluaciones de docentes.

Contrariamente al lenguaje utilizado por quienes se oponen a las evaluaciones de desempeño, estas no son “punitivas”. De lo contrario, no habría tres oportunidades de examen para cada profesor (una inicial, una extraordinaria para los que no pudieron superar la primera y una extraordinaria más para quienes no aprobaron las dos anteriores). Tampoco habría un plazo de un año entre cada examen. Ni mucho menos habría capacitaciones antes de cada evaluación, como señala la ley vigente y conforme se ha comprometido expresamente el Minedu en el acta de acuerdos firmada el pasado 8 de agosto.

“Estamos planteando capacitación permanente sin despido”, ha afirmado con total desparpajo el dirigente sindical Pedro Castillo, quien añadió que “si un maestro no rinde, no lo puedes echar a la calle, que se quede en su misma escala”. Esta iniciativa ha sido respaldada por el Frente Amplio que ha presentado la semana pasada un proyecto de ley en el mismo sentido, buscando en buena cuenta que los profesores obtengan beneficios como los incrementos salariales y la posibilidad de ascensos, pero sin someterse a las reglas de la meritocracia que aplicarían en cualquier otra labor remunerada, en el sector público o privado.

Quizás algunos dirigentes sindicales y otros tantos congresistas quisieran mantener un trabajo a toda costa sin pasar por ningún tipo de evaluación, pero ese es un privilegio del que no goza la gran masa de trabajadores peruanos.

Los principales afectados por una visión que desincentiva el progreso profesional y premia el estancamiento y la mediocridad serían, ciertamente, los estudiantes, pero también los futuros docentes que perderían la oportunidad de aspirar a los puestos en el magisterio que ya se han reservado quienes promueven una suerte de estabilidad absoluta.

Ante la opinión pública, felizmente, están pasando examen profesores y políticos por igual. Y ahí se sabrá quiénes verdaderamente se interesan por el futuro de la educación y quiénes solamente están cuidando su puesto... o sus votos.