Editorial: Promesas Incumplidas

No hay plan de seguridad ciudadana posible que no aterrice en las comisarías. Lo que sea que el Ministerio del Interior piense que es necesario hacer para devolver la paz a nuestras calles tiene que bajar por los canales de su organización hasta las comisarías que estarán encargadas de ejecutarlo en cada barrio o distrito. Las comisarías son, por así decirlo, los brazos y las piernas de cualquier estrategia de seguridad ciudadana. Si no están en buen estado, no importarán, por muy bien pensados que estén, los caminos y las metas que pueda proyectar la cabeza: no habrá como recorrer los primeros ni como alcanzar las segundas.

Así las cosas, existen pocas evidencias del fracaso que viene teniendo este gobierno en la esencial meta de devolver márgenes de seguridad aceptables a los peruanos tan claras como su pobre performance en la labor de mejorar la patética situación en la que está la mayoría de nuestras comisarías. Así como estas se encontraban según las cifras oficiales del I Censo Nacional de Comisarías (realizado por el Instituto Nacional de Estadística entre junio y agosto del 2012), así siguen dos años después, pese a que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 fijaba un proceso de equipamiento y repotenciación que tendría que haber culminado este mes.

En efecto, según el INEI, en el 2012 la cuarta parte de las comisarías del país no contaba  con equipos de comunicación propios, casi la mitad no disponía de acceso a información clasificada en requisitorias policiales, el 61% no contaba con acceso a información del Reniec, el 86% no podía ingresar a las bases de datos de registros públicos, y el 88% no poseía acceso al sistema de denuncias policiales. Por su parte, el 40.7% no tenía computadora propia y el 70.1% no tenía conexión a internet. Es decir, si estamos hablando de los brazos y piernas de nuestra seguridad, los nuestros estaban amarrados. Y eso sin sumar varias otras cifras significativas, como que el 31% de las comisarías necesitaba reparar la estructura de las paredes de su fachada, el 63% no tenía sistemas de evacuación de aguas de lluvias, el 38% no tenía las cerraduras de su entrada principal en buen estado y el 34% no contaba con un mapa del delito en su jurisdicción.

Pues bien, ahora que se ha cumplido el plazo dado por el propio Gobierno para revertir esta situación, este diario salió a revisar los resultados en diferentes barrios de la capital. ¿Qué fue lo que encontró? Que la ausencia del acceso a internet propio sigue siendo una situación muy extendida en nuestras comisarías, igual que la necesidad de los policías de recurrir a sus propios celulares y la escasez de computadoras. Por otra parte, casi en ninguna de las comisarías a las que acudió El Comercio los policías tenían acceso a las bases de datos que almacenan información clave para sus investigaciones, como la del Poder Judicial, la de Registros Públicos y la de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Si estas carencias tan básicas siguen inalterables en la propia capital, parece razonable concluir que poco ha cambiado desde el 2012 en el resto de nuestras comisarías (pese a lo que sostiene el ex ministro Pedraza en nuestra edición de hoy).

Si lo anterior es así, solo se puede tomar en gracia que el flamante y ahora cuestionado ministro del interior haya asegurado que devolverá a la ciudadanía la esperanza en un “inmediato y efectivo combate contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana”. Especialmente si uno toma en cuenta que a estos problemas de infraestructura de nuestra Policía se suman los serios problemas que, con grandes y notables excepciones, tiene en el estado de su personal (como bien apuntó alguien, las primeras “batidas” del ministro Urresti tendrían que haber sido al interior de la Policía). Es muy difícil hacer cualquier cosa de forma “inmediata” y “efectiva” cuando se tienen las extremidades amarradas y sólo se puede avanzar rampando.