Editorial: ¿Quién protege a la policía?

Ángel Vigo Noriega, golpeado por dos sujetos en estado de ebriedad. María del Pilar Luna Better y Katerine Aybar Calle, agredidas física y verbalmente mientras trabajaban. Gustavo Pareja García, atropellado por cumplir con sus labores. La lista podría continuar, pero antes nos preguntamos: ¿qué tienen en común estas personas? Todas ellas son efectivos de la Policía Nacional del Perú que en los últimos meses fueron agredidos mientras cumplían sus funciones.

Lamentablemente este tipo de situaciones son pan de cada día y las cifras son desalentadoras. Hace poco el ministro del Interior, Daniel Urresti, declaró que, desde que asumió la cartera menos de mes y medio atrás, 22 policías fueron agredidos en Lima y Callao y hasta el momento tan solo tres de los agresores están con orden de detención preventiva. La impunidad es la regla.

Estos hechos reprobables, por otro lado, han sido protagonizados no solo por personas en estado de ebriedad o choferes de empresas de transporte informales, sino por representantes de todas las esferas de nuestra sociedad. Un buen ejemplo de ello es el caso del conocido regidor de la municipalidad de Lima (y ex precandidato a la alcaldía de la capital) que agredió a una policía y que –aparentemente por el impacto mediático del caso– llegó a ser sentenciado, aunque no fue recluido en un establecimiento penitenciario.

Por supuesto, las agresiones a los policías y la falta de protección estatal de estos últimos no son un fenómeno que se limite a los casos señalados por el ministro Urresti. No es extraño que cuando se tiene que imponer el orden en medio de un conflicto social los efectivos sean agredidos salvajemente sin que la justicia luego persiga a sus agresores de manera célere y efectiva. Uno de los casos más dramáticos fue el de los 23 policías asesinados en el ‘baguazo’. A pesar de que ya han pasado cinco años desde esos fatídicos eventos, aún no se ha condenado a ninguno de los responsables.

Esta tendencia a la impunidad, además de la injusticia que por sí misma supone, tiene graves implicancias a nivel político. Una policía indefensa es una sin incentivos para actuar ahí donde se le requiere. Y donde no actúa la policía, el gobierno no tiene legitimidad ni posibilidad de hacer cumplir la ley; ahí el Estado prácticamente no existe. 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene por delante un desafío enorme. Sus integrantes deberían asegurarse de que existan los recursos para perseguir a quienes agredan a los policías, que estos últimos tengan asesoría legal efectiva para denunciar las agresiones, que el Ministerio Público investigue a los responsables y que el Poder Judicial dicte céleremente penas ejemplares. Lo que está en juego, después de todo, además de los derechos de valientes policías, es el principio de autoridad.

Por otro lado, varios casos de agresiones evidencian la falta de una adecuada capacitación o equipamiento de los policías que les permita repeler ataques sin poner en peligro su integridad. Si un par de sujetos en estado de ebriedad pueden reducir sin problemas a un efectivo policial, significa que a este último no se le ha dado los medios más elementales para cumplir con su labor. Después de todo, un policía bien entrenado y que porte armas no letales para su autodefensa no debería ser fácil víctima de este tipo de asaltos. Pero lo cierto es que la realidad demuestra que el Estado tiene una deuda enorme en este aspecto. Por lo demás, si un policía no puede defenderse a sí mismo, ¿cómo podrá defender a la población?

Por supuesto, si se quiere recuperar el principio de autoridad en nuestra sociedad y legitimar la defensa de las fuerzas del orden, la misma Policía Nacional debe mejorar su imagen institucional desterrando aquellos elementos que abusan de la fuerza estatal. No se puede negar que en nuestro país, por culpa de varios malos miembros del cuerpo, la ciudadanía siente que en ocasiones la policía representa peligro en vez de seguridad. Y, con esa percepción, se dificulta reclamar una mayor protección a sus efectivos. Así como la sociedad debe saber que a la policía se le respeta, esta institución debe hacerse respetar siendo la primera en cumplir a pie juntillas la ley.