Editorial: Protegerlos y protegernos

Al momento de escribir estas líneas, los muertos por COVID-19 en el Perú ascendían a 61, mientras que los contagiados rozaban los 1.600. Nada hace pensar, en efecto, que la estadística –aquello que en el argot de los especialistas se conoce como ‘curva de contagio’– vaya a estabilizarse pronto. Por ello, son justificadas las medidas drásticas que el Gobierno ha venido dictando desde que se detectó el primer caso en nuestro país.

Por supuesto que para que tales órdenes (como el aislamiento social obligatorio) puedan coadyuvar al objetivo de todos los peruanos (ralentizar la velocidad de los contagios) se necesita, en primer lugar, del compromiso de cada ciudadano, pero además, del esfuerzo incansable que vienen desplegando algunos profesionales, como los médicos, el personal administrativo de los centros de salud, los encargados de la limpieza y otros a quienes el país les debe mucho en estos días.

Entre quienes han visto multiplicadas sus responsabilidades en estos días, qué duda cabe, se halla también el personal militar y policial que viene patrullando las calles y que se encarga de que, en la práctica, las disposiciones del Ejecutivo se cumplan. Uno pensaría que, dado que las fuerzas del orden se encuentran entre las primeras líneas de contención de la epidemia y que están más expuestas a contraer el coronavirus que millones de conciudadanos, las autoridades habrían tomado las precauciones para reforzar su cuidado. La realidad, sin embargo, no es tan halagadora.

Como podrán constatar quienes lean hoy la edición del Diario, el hospital de la policía –que depende de la institución–, se halla, por ejemplo, en una situación precaria, sin gel desinfectante y con escasos trajes de bioseguridad para atender a los policías infectados. El equipamiento de seguridad, por otro lado, tampoco es el adecuado pues se suelen reutilizar durante varios días las mascarillas que, por su composición, están pensadas para un único uso.

No sorprende –aunque sí subleva–, en consecuencia, que hasta la fecha tres policías hayan muerto por COVID-19 y que otros 20 se hayan infectado con el virus (afectados que, por lo demás, parecen haber sido forzados al silencio por su propia institución).

Pero si las condiciones sanitarias del personal policial no son hoy las óptimas, tampoco ayudan a su protección algunos cambios legales que se han dispuesto en los últimos días y que, además, deja desprotegido al resto de ciudadanos.

Como se recuerda, una semana atrás se publicó la denominada Ley de Protección Policial, que había sido promulgada originalmente por la representación nacional que quedó disuelta en setiembre pasado (y que respondía a una coyuntura específica: la prisión preventiva que se dictó contra el suboficial Elvis Miranda en Piura luego de que abatiera a un presunto delincuente a inicios del 2019).

La ley, sin embargo, presenta varios vicios… el primero de ellos, su constitucionalidad. Como han alertado varios especialistas, la suspensión del principio de proporcionalidad durante las intervenciones realizadas por los agentes –que introduce la nueva legislación– puede poner en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos. No en vano la Defensoría del Pueblo, que se ha pronunciado sobre la norma, ha recordado que el principio de proporcionalidad “constituye un criterio básico para la protección de la vida e integridad” y “es una regla básica que deriva de la Constitución y tratados internacionales”.

Las llamadas de atención han llegado también desde el exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han exteriorizado su preocupación por la medida y han advertido que podría dejar espacios para las arbitrariedades. Y eso sin entrar a inspeccionar otros puntos de la ley tanto o más cuestionables que el anterior…

Los políticos, pues, no parecen estar brindándoles a los agentes la protección más adecuada en esta coyuntura que nos está poniendo a prueba a todos como sociedad en múltiples aspectos. No se puede intentar brindarles protección legal si, a costa de ello, los ciudadanos quedamos paradójicamente desprotegidos. Ciudadanos que, por lo demás, podemos contribuir mucho a la labor de los agentes, respetando las medidas de distanciamiento.

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