Editorial: “Bien puestos”

Esta semana, causaron mucho revuelo dos denuncias presentadas por distintos procuradores anticorrupción contra célebres personajes de la política local.

En primer lugar, se encuentra la solicitud del procurador anticorrupción Amado Enco para que se investigue por el delito de colusión al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, y a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, por la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero.

Luego, está el anuncio de la procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato, Katherine Ampuero, de que había denunciado al ex presidente Alan García, al ex ministro de Transportes Enrique Cornejo y al ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Oswaldo Plasencia, por el caso de corrupción que vincula a Odebrecht con la concesión de la línea 1 del metro de Lima.

En ambos casos, el Ministerio Público no ha resuelto aún incluir en sus pesquisas a los mencionados personajes. De hecho, solo en el caso del metro de Lima, había una investigación fiscal en curso. Por ello, llamó poderosamente la atención que los procuradores –abogados que representan al Estado en la obtención de la reparación civil que le pudiera corresponder– hayan decidido imputar delitos ahí donde la fiscalía no contaba aún con medios probatorios suficientes para hacerlo.

Respecto del caso del aeropuerto de Chinchero, hay dos elementos que para el procurador Enco motivan su denuncia: una fotografía de una celebración del partido Peruanos por el Kambio tras su victoria en las elecciones en la que aparece un representante de Kuntur Wasi, y la adenda en sí misma que traslada “el mayor porcentaje de riesgo [de la construcción del aeropuerto] al Estado”. Por una parte, parece bastante temerario imputar un delito a partir de una fotografía en un evento social con cientos de invitados, como han precisado los involucrados. Y, por la otra, si bien las condiciones para la construcción del aeropuerto han cambiado, esto se ha hecho con el objetivo de que el Estado no asuma un mayor costo en el reembolso del cofinanciamiento que ya estaba obligado a pagar al concesionario Kuntur Wasi, en virtud del contrato originalmente firmado. Si bien desde este Diario hemos criticado el drama político que el actual gobierno ha creado con sus idas y vueltas en el asunto, eso dista mucho de constituir un delito. Hasta donde se conoce, además, no ha habido ningún acto irregular en la decisión, más aun cuando la concesión y el contrato impreciso que originaron el problema se gestaron durante el gobierno humalista.

Con relación al segundo caso, cuando se les preguntó a las procuradoras Katherine Ampuero y Liliana Meza cuáles eran los hechos que justificaban la inclusión de los nuevos denunciados en el caso del metro de Lima, ellas respondieron que los indicios los encontraron “en los actos de investigación que ha ido disponiendo el fiscal Hamilton Castro”, y cuando se les inquirió por qué si se trataba de los mismos elementos, ellas –a diferencia de la fiscalía– concluían que sí había mérito para investigar posibles conductas delictivas de García, Cornejo y Plasencia, solamente atinaron a retrucar que “él [el fiscal Castro] tiene su estrategia y nosotros la nuestra”. De igual forma, este Diario ha destacado lo sospechoso que resulta que los altos mandos del segundo gobierno de Alan García no supieran nada de la corrupción que se gestaba en su interior, pero de ahí a imputarles directamente la comisión de un delito existe un gran salto argumentativo.

Además, cuando se cuestionó a las abogadas del Estado sobre su reticencia a reunirse con la empresa Odebrecht para conversar sobre la eventual reparación civil que tendría que pagar al Estado (como sí lo ha hecho el Ministerio Público), respondieron con grandilocuencia: “Nosotras somos dos procuradoras, dos mujeres, que tenemos los ovarios bien puestos y no vamos a ceder a condicionamientos de ninguna empresa”.

En buena cuenta, más allá de algunas frases rimbombantes, parece ser que los procuradores no tienen mayor novedad que presentar en sus indagaciones, ni nuevos indicios que den mayor solidez a su decisión de imputar graves delitos. Por ello, harían bien en evitar caer en la tentación de algunos de sus predecesores, alejarse un poco de la luz de los reflectores y demostrar con un trabajo más serio que están bien puestos en los cargos que ahora desempeñan.