Editorial: Pulso

El ritmo acelerado del corazón que uno puede sentir al leer “Mami te amo”, “Está viniendo”, “Voy a morir”, debe ser nada comparado con el sufrimiento y desesperación que experimentaba Mina Justice al leer los mensajes de texto que su hijo Eddie le enviaba. Eddie Justice fue una de las 49 personas asesinadas por Omar Mateen en la discoteca Pulse frecuentada por la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT), la madrugada del domingo en Orlando, Estados Unidos. La mayor masacre humana por armas de fuego en la historia de ese país. 

Este acto de terror y homofobia, que ha motivado expresiones de solidaridad alrededor del mundo, nos recuerda que la violencia contra las minorías LGBT sigue siendo una realidad incluso en países que han avanzado más en su aceptación y reconocimiento de derechos. La distancia geográfica y social que nos separa con el país norteamericano, sin embargo, no debe ser sinónimo de extrañeza frente a los distintos tipos de violencia que se producen en nuestro país y, más bien, debería llevarnos a la reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y en la que queremos vivir.

Desde abril del 2014 a marzo del 2015 se registraron trece homicidios contra personas LGBT en el país. El número aumenta a 99 si retrocedemos hasta el año 1998. No son cifras oficiales, corresponden a la ONG Promsex. Y no son números oficiales no solo porque una gran cantidad de casos no son denunciados por temor a represalias o prejuicios de la propia policía o autoridades encargadas de recibir las denuncias, sino porque ninguna entidad estatal se ha encargado de registrar oficialmente el número de actos de violencia contra esta población vulnerable.

Una población vulnerable que, por cierto, no cuenta con ninguna dependencia o sección oficial al interior del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), más allá de la genérica Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación. Una población que ni siquiera existe para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuyos censos no incluyen preguntas para conocer las condiciones de vida de la población LGBT.

Que las minorías LGBT se encuentran especialmente expuestas no debería ser sorpresa para nadie. Según la encuesta para medir la opinión de la población peruana en relación con los derechos humanos realizada por el Ministerio de Justicia en el 2013, el 93% de los encuestados señaló que este colectivo se encuentra más expuesto a la discriminación, así como al maltrato físico (88%), al maltrato verbal (92%), a las amenazas (84%) y al chantaje (78%).

A pesar de esta realidad, nuestro Congreso ha sido reiteradamente reacio a legislar en contra de la discriminación y a favor de los derechos de estas minorías. Una situación que podría desanimar incluso al propio presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien pese a su conocida posición progresista –como lo demuestran su recordada participación en la campaña Parejas Imaginarias para concientizar a la población en el respeto a los derechos de los homosexuales y su plan de gobierno–, manifestó en una entrevista publicada el domingo en este Diario que avanzar la causa de los derechos civiles e impulsar temas como la unión civil requerirían primero que el Poder Legislativo “haga su trabajo” para no aventarse a “una piscina vacía”.

Hay, sin embargo, muchas tareas pendientes que se pueden emprender desde el Ejecutivo para combatir la discriminación. Incluir a la población LGBT en las cifras del INEI, recopilar y difundir información oficial sobre violencia y crímenes de odio, incorporar políticas en defensa de las personas LGBT en el Plan Nacional de Derechos Humanos, implementar protocolos de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas respecto de la atención a personas transgénero, garantizar una educación sexual que no discrimine por orientación, impulsar campañas de sensibilización y educación lideradas por entidades de la administración pública, son solo algunas de las iniciativas que no requieren una ley, y que bien podría liderar el señor Kuczynski a partir del próximo 28 de julio.

Posiblemente no pueda hacer mucho el presidente por cambiar las leyes, pero sí por ayudar a cambiar la sociedad. Y quizá sea ese espacio conformado por discotecas, supermercados, parques, oficinas y casas, antes que el hemiciclo o las cortes, donde se empiece a ganar la lucha por un país más tolerante y más justo, y una sociedad que por fin empiece a latir por todos.