Editorial: Quemando grasa

Cuando el primer ministro Fernando Zavala acudió por primera vez al Congreso para solicitar el voto de investidura, recordó la meta que se había propuesto la administración de Pedro Pablo Kuczynski de convertir al Perú en un país moderno donde “el contacto entre el Estado y los emprendedores sea simple y eficiente, sin trámites burocráticos inútiles y empoderados con la tecnología”.

Estando próximo a terminar el plazo otorgado al Ejecutivo para legislar, entre otras materias, en reactivación económica y formalización, es justo reconocer los esfuerzos normativos del Consejo de Ministros para reducir la excesiva carga burocrática acumulada durante los últimos gobiernos. Si se revisa el número y alcance de trámites burocráticos simplificados y regulaciones eliminadas, esta es quizá la más seria y transversal reforma administrativa que ha experimentado el Estado Peruano desde la década del noventa.

Una de las primeras normas aprobadas por el Ejecutivo hacía presagiar un camino venturoso. El Decreto Legislativo 1246, famoso por establecer el fin de ‘la copia del DNI’ en los trámites ante dependencias públicas, dispuso también la eliminación de las copias del certificado de estado civil, de los antecedentes policiales y judiciales, de la ficha RUC y, en general, de cualquier documento que estuviera disponible en alguna de las bases de datos de las entidades públicas, las cuales ahora deberán estar interconectadas entre sí. Esta norma, además, trajo otras novedades interesantes, como la eliminación del absurdo trámite de pedir autorización a la Onagi para que una empresa pudiera regalar premios, hacer canjes o sorteos a favor de sus clientes, y del redundante registro físico de algunos contratos laborales ante el Ministerio de Trabajo cuando dicha información ya era accesible a través de las planillas electrónicas.

Luego siguieron otras normas como el Decreto Legislativo 1271 que facilita la obtención de una licencia de funcionamiento, evitando que los empresarios de cualquier tamaño tengan que iniciar nuevos trámites cuando quieran añadir un cajero corresponsal en un local comercial o cuando arrienden un establecimiento que ya cuenta con una licencia.

También es digna de resaltar la reforma de diversos artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo General, a través del Decreto Legislativo 1272. Con base en esta nueva norma, la Presidencia del Consejo de Ministros podrá crear procedimientos administrativos estandarizados que todas las entidades públicas tendrán que respetar, acabando así con la disparidad de criterios y arbitrariedad de muchos municipios. Del mismo modo, si una institución no ha publicado su texto único de procedimientos administrativos (TUPA) o no ha incluido en él determinados procedimientos, estos no podrán ser exigidos a ningún ciudadano, el cual quedará habilitado para desarrollar su actividad profesional o comercial, sin miedo a sanción alguna.

Otras normas que se aplican transversalmente a la administración pública son los decretos legislativos 1256 y 1310. El primero refuerza las potestades del Indecopi para declarar la ilegalidad de barreras burocráticas con efectos generales, evitando así que otro ciudadano o empresa tenga que soportar la misma carga burocrática que ya ha sido evaluada y rechazada por dicha institución. El segundo establece la obligación de que todas las entidades del Poder Ejecutivo realicen un análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones normativas (infralegales) – tanto las vigentes como las que se vayan a emitir en el futuro– que impongan procedimientos administrativos, a fin de identificar, y reducir o eliminar aquellos que resulten innecesarios o desproporcionados. Así, se dispone la derogación o la no entrada en vigencia de aquellas regulaciones que incumplan este análisis previo. 

Se trata, en fin, de algunos ejemplos que forman parte de más de una docena de normas cuya finalidad principal ha sido la simplificación administrativa, que no es otra cosa que la simplificación de la vida a las personas y empresas.

La buena noticia es que el Ejecutivo ha hecho el diagnóstico adecuado y aplicado la dieta necesaria. La noticia será excelente si la disciplina se mantiene y las entidades públicas entienden que preferible a eliminar la grasa burocrática es nunca generarla.