Recalculando Pro Inversión

Si hay un actor clave en el sistema de infraestructura que ha mantenido un perfil bajo durante este 2019, ese es Pro Inversión. Como se sabe, esta agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene como objetivo promover la inversión privada vía APP y mecanismos de obras por impuestos (OxI). Desde esta semana, además, cuenta con un nuevo director ejecutivo. A través de una resolución suprema, se designó a Rafael Ugaz en el cargo, en reemplazo de Alberto Ñecco.

La tarea que tiene por delante la nueva administración no es menor. De acuerdo con cálculos de la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN), la brecha de acceso básico para caminos, agua, saneamiento, telecomunicaciones, entre otros, asciende a US$160.000 millones. Si se dependiese exclusivamente de la ejecución de la inversión pública al ritmo actual, tomaría casi veinte años acercarse a niveles de infraestructura aceptables, sin contar las nuevas necesidades que puedan surgir durante dos décadas.

En este contexto, la participación del sector privado es fundamental, no solo por su capacidad de ejecución, sino por las espaldas de financiamiento que aporta a los proyectos. No obstante, el trabajo de Pro Inversión últimamente ha sido lento y difícil. Este año, por ejemplo, tenía por entregar 16 proyectos, de los cuales se adjudicaron solo cuatro. Entre ellos destacó el sistema de tratamiento de aguas residuales del lago Titicaca. Respecto de las OxI, si bien se tenía previsto realizar proyectos por más de S/700 millones, la meta a fin de año se ha reducido a S/480 millones.

Las razones detrás de la falta de dinamismo de la institución son variadas –sus deficiencias de gobierno corporativo, por ejemplo, son claras, en tanto que su capacidad operativa real no es suficiente para adjudicar adecuadamente una cartera de proyectos tan ambiciosa–. Sin embargo, quizá la principal limitación que enfrenta pasa más bien por el daño institucional que dejaron a su paso los escándalos de corrupción destapados en la relación de algunas empresas concesionarias de infraestructura con el Estado.

Volver a generar confianza en un sistema como las APP es urgente, pero el cambio no puede ser solo de palabra. Se requieren mejoras concretas en la transparencia de los procesos de licitación, en la contratación de asesorías independientes de talla global, en el diseño y estructuración inicial de los proyectos para evitar adendas recurrentes, en los sistemas de priorización de proyectos para enfocar esfuerzos en los que generen mayor impacto, etc. Bien aprovechado, el potencial del sector privado para sacar adelante infraestructura de calidad es enorme. A nivel de Pro Inversión, el resultado de los hechos de corrupción que siguen saliendo a la luz semana a semana no puede ser la obsolescencia de un sistema útil para mejorar la calidad de vida de la población, sino más bien debe ser la revisión y mejora de los procesos para prevenir que se repita lo acontecido mientras se mantiene dinámico y transparente el sector.

El próximo año Pro Inversión volverá a tener una cartera sumamente ambiciosa: espera adjudicar 28 proyectos por más de US$5.000 millones. Es sinceramente difícil concebir la manera en que la agencia logrará dicha meta, dado que en los últimos años su capacidad ha sido más bien limitada. Las nuevas autoridades a cargo tienen una enorme responsabilidad para hacer realidad lo proyectado, acercarse al objetivo, o por lo menos sincerar la agenda y priorizar adecuadamente. No obstante, más importante que la adjudicación de cualquier proyecto, sin duda, será el arreglo institucional que se pueda trabajar dentro de Pro Inversión para garantizar que se aprendieron las lecciones del pasado, y que el profesionalismo, la transparencia y la efectividad serán las prioridades de la institución.