Editorial El Comercio

La como jefa de la , un cargo en el que venía desempeñándose desde octubre del 2019, contiene varios paralelismos con otros despidos de este gobierno. Para comenzar, que a la cesada que iba a ser reemplazada y se enteró de su salida leyendo la resolución de la misma publicada en el diario oficial. De manera parecida fueron destituidos por esta administración la ahora exjefa de la Sutrán, , los ahora ex comandantes generales del Ejército y la FAP y , respectivamente, y el ahora exministro de Educación (al que, con un poco más de cortesía, se le notificó sobre su salida vía… WhatsApp). En todos esos casos, las motivaciones detrás de los despidos nunca se aclararon y solo sirvieron para dar pie a sospechas sobre los verdaderos intereses del Ejecutivo para copar las instituciones que los cesados presidían.

En segundo lugar, que la persona elegida como reemplazo no genera las mejores expectativas. En reemplazo de Moreno, en efecto, el presidente y el jefe del Gabinete, , han nombrado a Robert López, exfuncionario del Ministerio de Vivienda durante esta administración y excandidato al Congreso por Victoria Nacional en el último proceso electoral. Fiel a los estándares de este gobierno, López no está ajeno a la controversia. Según un informe de la contraloría revisado por este Diario, fue responsabilizado junto con otros 18 funcionarios por presuntas irregularidades en obras de mejoramiento del hospital de Tocache cuando se desempeñaba como gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el 2019.

Solo con lo dicho hasta aquí, bastaría para prender las alarmas en torno de lo que el intempestivo cambio a la cabeza de la ARCC podría traer consigo. Pero no podemos olvidar otros dos elementos que agravan el panorama.

El primero es que la ARCC es un organismo eminentemente técnico que tiene entre sus manos una responsabilidad bastante específica: el de reconstruir la infraestructura dañada por el fenómeno de El Niño costero del verano del 2017 en 13 regiones del país (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes). Por supuesto, las expectativas que su creación levantó entre los residentes de las zonas afectadas están muy lejos de haber sido correspondidas a más de cinco años de su creación. Por lo que si algo necesita la institución a estas alturas es un impulso en el sentido correcto.

Lamentablemente, no existen razones para creer que esto vaya a ser así. A diez meses de iniciada la gestión de Perú Libre cuesta encontrar sectores de la administración pública en los que las cosas hayan mejorado y abundan, por el contrario, los ejemplos en los que ha ocurrido exactamente lo opuesto. El caso de la vacunación contra el COVID-19 ha sido el más notorio, pero no es el único, y el hecho de que varias entidades públicas hayan sido copadas por funcionarios elegidos por su filiación política y no por sus pergaminos técnicos –como que ha ocurrido, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas– permite esperar muy poco del rendimiento en estos sectores.

Lo segundo es que el presupuesto que manejará la ARCC solo este año , y la probabilidad de que una porción de ese monto termine en lugares en los que no corresponde no es menor, más aún en un año electoral y con un gobierno que no ha tenido empacho, como recordamos, en usar fondos públicos para difundir su propuesta de la asamblea constituyente. Tampoco ayuda mucho saber que el Ejecutivo ya ha puesto con anterioridad a funcionarios con antecedentes legales a dirigir entidades que manejan presupuestos millonarios, como o el Programa Nacional de Inversiones en Salud-.

Así las cosas, el relevo de Amalia Moreno de la ARCC debería de encender las alarmas ante la posibilidad de que los cambios de la reconstrucción no sean necesariamente para mejor.

Editorial de El Comercio