Editorial: Reelección prohibida

La semana pasada, el Congreso de la República prohibió con 97 votos a favor y ninguno en contra la reelección inmediata de los presidentes regionales y alcaldes del país. Aunque es cierto que, como toda modificación que requiera una reforma constitucional, aún se necesita una segunda votación para su aprobación definitiva, el amplio consenso obtenido hace esperar que la norma sea finalmente aprobada. 

El problema aquí es que el Legislativo está pecando de ingenuo si cree que esta es una medida sólida para aliviar la grave crisis de ineficiencia y corrupción por la que pasan los gobiernos regionales y locales. Para empezar, se trata, a fin de cuentas, de una reforma que tendrá un impacto mínimo. Como ha señalado Fernando Tuesta, de los cien presidentes regionales elegidos entre los años 2002 y 2014, solo 12 fueron reelegidos, lo que ya debería irnos dando una idea de cómo este fenómeno no es realmente la principal causa de los problemas que hoy enfrentamos. Por otro lado, de nada servirá esta medida si no se implementan otras reformas del sistema electoral que garanticen un mejor nivel de candidatos y más eficientes mecanismos de fiscalización de los partidos. 

Echémosle una mirada a las últimas elecciones para ver dónde están algunos de los huecos que hay que parchar. Para empezar, recordemos los cientos de candidatos que afrontaban procesos judiciales, varios de ellos por delitos de corrupción, narcotráfico e, inclusive, terrorismo. ¿Acaso no es importante que el Congreso debata alguna medida para impedir que los corruptos lleguen al poder? Por ejemplo, siguiendo el camino que tomó Colombia, donde las agrupaciones políticas son sancionadas si, una vez elegidos sus candidatos, estos son condenados por cierto tipo de delitos. Incluso se las sanciona si el candidato no es elegido, pero resulta siendo condenado por hechos anteriores al aval del partido y la condena se produce en el período en el que hubiera ocupado el cargo. 

Otro tema sensible que se evidenció en el reciente proceso electoral es que las elecciones dentro de los partidos, en muchos casos, existen solo en la fantasía de los legisladores. Por no ir muy lejos, el electo alcalde de Lima, Luis Castañeda, fue acusado de convertirse en el candidato de Solidaridad Nacional sin antes haber realizado elecciones internas. No es sorprendente que el nivel de los postulantes sea el que es si las agrupaciones políticas no son más que cacicazgos donde no se compite por escoger a los mejores candidatos, pues ello impide atraer a militantes decentes y más preparados. Por eso, sería importante que el Congreso considere facultar a los entes electorales para que participen obligatoriamente en los procesos de democracia interna de los partidos. 

Un problema al que tampoco podemos dejar de prestarle atención y que evidenciaron los últimos comicios fue la falta de transparencia de muchos partidos en lo que toca a sus finanzas. Por ejemplo, Solidaridad Nacional no cumplió con entregar la última rendición de ingresos y gastos de campaña, y Diálogo Vecinal –el partido de la actual alcaldesa– no presentó ninguno de los cuatro reportes requeridos por la ONPE. Teniendo esto en cuenta, hubiésemos esperado que el Congreso debatiese un adecuado y más riguroso marco de infracciones y sanciones para castigar a los partidos políticos que incumplan las normas de transparencia.

Por otra parte, el Parlamento sigue ignorando otro tema crucial: los requisitos para inscribir movimientos regionales y locales y las reglas que incentivarían la formación de un sistema de partidos nacionales más fuertes. Existen, por ejemplo, diversas propuestas presentadas por los entes electorales para intentar solucionar este tema, los cuales han sido olímpicamente pasados por alto por el Congreso.

Por supuesto, estas no son las únicas reformas que deberían discutirse. Ahí están también las que tienen que ver con la creación de distritos uninominales, la eliminación del voto preferencial, el establecimiento del voto voluntario, entre otras varias que el Congreso –distraído en medidas poco efectivas aunque evidentemente populares como la prohibición de reelección– simplemente ha obviado.