Editorial: La reforma que nunca se hizo

Que nuestra economía se está desacelerando no es novedad para nadie. Tampoco lo es que no hay nada que podamos hacer frente a los factores externos que influyen en algo en nuestro crecimiento, como la reducción de la demanda china, la caída de los precios de los metales o la política monetaria estadounidense. Somos como un barco a vela que ya no tiene el mejor viento a su favor. De nada sirve quejarse del clima. A la tripulación solo le queda aprovechar su pericia para avanzar rápidamente.

El ministro Luis Miguel Castilla parece ser consciente de esta situación, pues ha anunciado que próximamente se lanzará “el paquete más importante de medidas de reactivación en lo que va del gobierno”. Saludamos la iniciativa del ministro y desde este Diario queremos tomarnos la licencia de sugerirle por donde podrían ir dichas medidas: por la reducción de la innumerable cantidad de trabas burocráticas que restringe las posibilidades de que la inversión privada –que cada día se reduce más– siga generando crecimiento, desarrollo e inclusión. 

Como dijo ayer nuestro columnista Roberto Abusada en la entrevista que le hizo Mariella Balbi, “se requiere una reforma muy potente de la permisología”. No bastan cambios cosméticos, leyes puramente declarativas ni pequeños equipos que se dediquen a destrabar los obstáculos para ciertos megaproyectos (por más valioso que sea su trabajo, este es insuficiente para tener un impacto generalizado). Se necesita de un cambio profundo, que logre que desde la microempresa hasta la gran corporación dejen de sentir que es un suplicio lidiar con la burocracia para obtener cualquier permiso ridículo.

Lo curioso es que dentro del Estado sí existen propuestas para hacer este tipo de cambios radicales, pero por alguna razón parecen no ser escuchadas. La semana pasada, por ejemplo, Santiago Dávila, gerente general del Indecopi, publicó un artículo en esta página donde detallaba dos iniciativas de este tipo. La primera era exigirle a las entidades públicas, antes de que impongan cualquier exigencia, trámite o requisito, que elaboren un análisis de cuáles son los beneficios y costos de su norma y que identifiquen quiénes ganan y pierden con la misma. Así, la burocracia no impondría regulaciones como lo hace hoy: a ciegas. Y, consecuentemente, le sería más difícil exigir requisitos absurdos, irracionales y sinsentido.

La segunda propuesta de Dávila era identificar todas las actividades que, por su naturaleza, no tienen un impacto que requiera un control previo y liberarlas de las exigencias de permisos y autorizaciones. Estas últimas serían reemplazadas por una declaración jurada y un control posterior (sujeto a sanciones) para verificar que no se viola ninguna ley. De esta forma, se eliminarían miles de obstáculos que hoy demoran las inversiones o las vuelven inviables. Si el gobierno escuchara más este tipo de iniciativas, hoy la tramitología no tendría atrofiados a nuestros mercados. 

Este es un tema mayor, pues la burocracia tiene acogotada a la inversión privada. Y, para muestra, algunos botones. En el gremio minero existe una opinión casi unánime de que las trabas burocráticas han pasado a ser el principal disuasivo de la inversión, incluso sobre los conflictos sociales. Según Ricardo Briceño, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, existen más de 180 normas que se entrecruzan, duplican, contradicen y crean confusión, y “la normatividad minera es hoy un plato de espagueti”. En el sector hidrocarburos casi la mitad de los contratos con el Estado están paralizados principalmente por demoras en trámites gubernamentales. En la industria de la construcción, somos uno de los países donde es más difícil obtener permisos: ocupamos el puesto 117 de 189 economías en el mundo. En educación, toma tranquilamente dos años que un instituto obtenga la autorización para crear una nueva carrera técnica. En nuestros terminales portuarios, a un concesionario le demora más de un año lograr todas las aprobaciones burocráticas necesarias para operar un centro de capacitación para los estibadores. En la actividad de ‘retail’, el Ministerio del Interior exige que se le pida permiso antes de realizar cualquier actividad comercial. Asimismo, todo pequeño negocio sabe que Defensa Civil es sinónimo de arbitrariedad e incertidumbre. Y podríamos seguir, pero toda esta página no sería insuficiente.

Tenemos mucha expectativa por el anuncio del ministro Castilla. Ojalá esté dispuesto a empujar la reforma que nunca se hizo de la permisología peruana.