Editorial: Cómo se reforma a martillazos

A propósito de las facultades legislativas y de los nuevos aires que trae una flamante administración, la reforma integral del Estado es un asunto que ha estado peligrosamente ausente del debate público durante los últimos meses. Pues con un aparato que incluya en su conformación a burócratas mal remunerados, desmotivados o poco preparados, resulta complicado imaginar el cambio estructural en la relación Estado-ciudadano que promete el gobierno del presidente Kuczynski.

En este contexto, el proyecto de ley recientemente aprobado en el Legislativo para dar beneficios laborales adicionales a los trabajadores de Essalud del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) es un ejemplo claro de una reacción oportunista, emprendida casi al manotazo y cuya explicación de raíz está en la falta de una propuesta integral de reforma del aparato estatal.

Como se sabe, el último jueves, el pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría que cerca de 12.000 trabajadores CAS de Essalud sean incorporados al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, el cual les permitirá disfrutar de gratificaciones, CTS y escolaridad. Más importante aun, el cambio otorga a los beneficiarios que hayan trabajado por dos años o más condiciones sólidas de estabilidad laboral.

La iniciativa legislativa, enmarcada en una marcha de protesta de los trabajadores de Essalud en contra del régimen CAS de inicios de noviembre, abre la puerta para que empleados públicos de otras instituciones reclamen –justificadamente, pues donde hay igual situación, corresponde igual derecho– por su incorporación a planilla. El Congreso ha puesto en riesgo así, con una sola movida, el sistema de contratación que vincula al 17% de la planilla estatal en el Perú y que recorre desde ministerios y municipalidades distritales hasta personal del mismo Parlamento. Considerar que Essalud es una institución pública de derecho privado y que por tanto la norma no genera mayor riesgo para el Ejecutivo –como señaló el congresista coautor de la propuesta, el congresista Hernando Cevallos–  es miope, por decir lo menos. Más de 220.000 trabajadores CAS de todo el Estado –según las cifras de Servir– estarán a la expectativa.

El asunto se agrava cuando se toma en cuenta que el déficit anual de Essalud asciende a S/300 millones y que el costo total de la incorporación de los trabajadores CAS al DL 728 puede sin duda exceder los S/50 millones. Con lo cual, solo puede entenderse como una irresponsabilidad o una mala broma que el análisis costo beneficio del proyecto de ley señale que esta medida “no irroga gasto alguno al erario nacional”.

Pero el problema de fondo va más allá del precedente y del déficit de una institución pública en particular. La existencia del CAS –un régimen en el que los beneficios y la estabilidad laboral son menores que los del régimen regular– es la aceptación implícita de parte del Estado de que los costos y la rigidez laboral en el Perú son un obstáculo para la eficiencia en las organizaciones. El Estado crea así el régimen CAS y se autoexceptúa de las mismas normas incómodas que le exige a la actividad privada.

La norma aprobada por el Congreso es apurada y potencialmente dañina, pero no responde a otra cosa sino a una estructura institucional pobre e injusta en el servicio civil. Si el Ejecutivo no reacciona con presteza a la urgencia de la reforma del Estado, el Congreso parece tener la voluntad de hacerlo, pero al estilo de un mal albañil: por pedazos y a martillazos.