Editorial: Reglas en crudo

El “reordenamiento institucional” y la “modernización integral” de Petro-Perú fue parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK). La idea era “redefinir su rol y determinar qué tipo de actividades realizará en la industria” para “darle un giro más agresivo”. ¿Quería esto decir que el eventual gobierno de PPK apoyaría la incursión de la petrolera estatal en actividades de exploración y explotación? ¿Que más bien constreñiría su actividad? ¿O todo lo contrario? La vaguedad de los enunciados al respecto era tal que sería imposible pensar que no fue adrede.

Hace unos días, sin embargo, la visión del presidente Kuczynski y su equipo quedó más clara. A través del Decreto Legislativo 1292, el Ejecutivo declaró de “necesidad pública y de interés nacional la operación segura del Oleoducto Norperuano” y dispuso “la reorganización y mejora del gobierno corporativo de Petro-Perú”. El decreto tiene aspectos interesantes, pero también otros que levantan alguna suspicacia sobre el futuro de las actividades de la empresa pública.

Entre los primeros destaca el énfasis en una reorganización institucional orientada al saneamiento patrimonial, financiero y legal, algo que para una institución pública como Petro-Perú es urgente. El decreto fortalece además las buenas prácticas de gobierno corporativo de la empresa al proponer mecanismos de separación entre propiedad y control, instrumentos de control minoritario y de generación de valor para accionistas, y la incorporación de profesionales independientes en el directorio. Todo ello reduce el riesgo de interferencias políticas como las que se han visto en el pasado.

Quizá más interesante aún resulta la posibilidad que abre el nuevo decreto para que Petro-Perú cuente con gestión privada en sus proyectos. La apuesta podría alinear los incentivos de la empresa pública hacia mayor eficiencia y control de gastos. 

Pero no todo es positivo. El artículo 2 del decreto levanta parcialmente un importante candado que la Ley 30130 había colocado sobre las operaciones financieras de Petro-Perú. En concreto, para poner en operación el Oleoducto Norperuano, se exceptúa la aplicación del artículo 6 de la referida ley, el cual impedía a la empresa pública contraer “pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros, afectar las garantías del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, y demandar recursos al Tesoro Público”. La nueva norma, además, facilita la participación de Petro-Perú como socio y operador en la exploración y explotación de hidrocarburos.

Si bien el decreto legislativo restringe la excepción de financiamiento a la puesta en operación del oleoducto, también hace patente la fragilidad institucional en la que se mueve Petro-Perú. Como se recuerda, hace poco más de un año el Congreso aprobó por insistencia el dictamen que facultaba a Petro-Perú a explorar y explotar el lote 192, ubicado en Loreto. Al igual que en el caso del decreto que ahora comentamos, dicha norma también generaba una excepción a la Ley 30130.

El punto de fondo es que, si bien la reorganización de Petro-Perú es una buena noticia, los candados institucionales que legitiman el tipo de operaciones que puede realizar siguen siendo endebles y sujetos a la voluntad política del momento. Y esto no es una nimiedad. El marco legal de una empresa pública tan sensible no debería ser modificado cada año con excepciones a su norma.

Desde estas páginas hemos defendido con insistencia la necesidad de privatizar Petro-Perú; pero si la empresa pública va a existir como tal, lo mínimo que se le debe exigir es que juegue con reglas claras y en una cancha claramente delimitada.