Editorial: Rehabilitación ejecutiva

Hace unas semanas, luego de que una crisis en el Gabinete de Vicente Zeballos desembocase en la renuncia de cuatro ministros, el Gobierno nombró a Susana Vilca titular de la cartera de Energía y Minas, en reemplazo de Juan Carlos Liu Yonsen. Inmediatamente, la decisión fue objeto de múltiples cuestionamientos que recordaban el paso de la señora Vilca por el Viceministerio de Minas durante la administración de Ollanta Humala, cuando tuvo que dejar el cargo luego de que se revelase que era propietaria de 17 concesiones mineras no declaradas ante la contraloría y que tendría vínculos con la minería informal.

Consultado sobre esta decisión, y por las sombras que cierne sobre el ministerio en cuestión, Vicente Zeballos se justificó asegurando que “han pasado cerca de 10 años [de los hechos]” y que “todos tienen derecho a rehabilitarse”. Una respuesta infeliz si se considera que la aludida ocupa un alto cargo político, dentro de un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción su única consigna y que los cuestionamientos que pesan sobre ella están estrechamente relacionados con la cartera que hoy encabeza.

Lamentablemente, los criterios de selección preferidos por el Ejecutivo son aplicados de manera constante. De hecho, a juzgar por la reaparición en el Estado de múltiples exministros que dejaron el puesto rodeados de cuestionamientos, queda claro que el Gobierno se toma a pecho aquello de promover la rehabilitación.

El último ejemplo de esto, en efecto, ha devuelto al escenario al otrora titular de Cultura Francisco Petrozzi, quien ha sido designado agregado cultural de la Embajada del Perú en Alemania. Como se sabe, el también excongresista dejó su posición en el Gabinete luego de que se diese a conocer la sorpresiva y sinuosa destitución del periodista Hugo Coya de la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión, tras una gestión exitosa. Según el testimonio de este último, Petrozzi justificó la medida alegando que había “mucho malestar” por las coberturas del canal del Estado y que “dos funcionarias habían ‘envenenado’ al presidente”. El entonces ministro renunció en medio de críticas luego de no poder justificar satisfactoriamente la decisión.

Asimismo, desde el gobierno también se procuró la rehabilitación de Edmer Trujillo, quien ejerció dos veces el cargo de ministro de Transportes en el gobierno de Martín Vizcarra. La primera vez su gestión se vio marcada por la tragedia: el incendio de un bus en un garaje ubicado a los alrededores del otrora terminal de Fiori en el que murieron 17 personas. Eso, añadido a otros cuestionamientos, lo llevó a renunciar, pero aun así se lo volvió a nombrar tras la disolución del Congreso del 30 de setiembre. Luego de la última crisis en el Consejo de Ministros y con otras controversias pesando sobre él (como su inclusión en una investigación fiscal en torno a la construcción del Hospital Regional de Moquegua cuando era gerente general del gobierno de la región), nuevamente dio un paso al costado que, esperamos, sea definitivo.

Aunque su caso no ha dependido directamente del Gobierno, otra exrepresentante del Ejecutivo que ha regresado al Estado es la exministra de Salud Zulema Tomás, quien dejó el cargo tras ser acusada de nepotismo. No obstante, el 30 de enero fue designada asesora de la Dirección General del Instituto de Salud del Niño de San Borja (INSN) por Antonio Zopfi Rubio, director general de la institución a quien la misma Tomás colocó en el 2019. Aunque el INSN asegura que se la eligió tras un informe de recursos humanos, ello no disipa las dudas que aún suscita.

En suma, aunque la rehabilitación suele ser un objetivo encomiable, facilitar o permitir la permanencia de exministros controversiales en el interior del Estado no lo es tanto y demuestra poco propósito de enmienda. Las preocupaciones que estas personas generan, y el hecho de que aquellas aún no se hayan despejado, perjudican al sector público y a los ciudadanos que lo solventan.