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Los grupos de presión que se benefician torciendo la institucionalidad del Estado a su favor son diversos. Partidos políticos y empresas han estado en los últimos años en el escrutinio público debido a ello, pero no son ni de cerca los únicos.
Según destacó este Diario la semana pasada, el 16 de diciembre se reunió el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, con un grupo de dirigentes de taxi colectivo. Como se sabe, desde hace unos meses los esfuerzos por ordenar el tránsito de la ciudad de Lima han enfrentado a las autoridades con los colectiveros informales, quienes se resisten a los cambios, proveen el servicio al margen de cualquier regulación e impiden que los sistemas integrados modernos operen adecuadamente.
Si bien el gobierno tiene la responsabilidad de buscar rutas dialogadas para bajar tensiones que se suscitan en situaciones como esta, ni los interlocutores de la cita fueron los adecuados para tal fin ni los resultados de la reunión los apropiados.
Respecto de los primeros, los interlocutores, llamó la atención que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao no haya sido convocada a la sesión, a pesar de ser esta la encargada de llevar a cabo la reforma. Quienes, más bien, sí fueron convocados a la cita en la PCM fueron un grupo de dirigentes de colectiveros. La campaña #NoTePases de El Comercio accedió al récord de siete de ellos y contó 214 multas por más de S/70 mil, vehículos con ocho órdenes de captura y licencias vencidas o suspendidas. Uno de ellos, Alessandro Rivas, tiene 29 papeletas y una multa por agredir a un inspector. Los espacios de diálogo de alto nivel no pueden ser motivo para legitimar a actores sociales que además promovieron una violenta protesta con más de 40 detenidos hace menos de un mes en la capital.
Respecto de los resultados, trascendió un mensaje de coordinación vía WhatsApp, del mismo 16 de diciembre, en el que los colectiveros informales se congratulaban de una reunión “muy favorable” en la PCM, “ya que las autoridades se han comprometido emparar [sic] la caza indiscriminada por parte de la ATU”. A continuación indicaban que, en consecuencia, a partir del día siguiente ya no habría más megaoperativos.
Durante una segunda reunión, esta vez convocada por la Prefectura de Lima, los dirigentes de los colectivos exigieron que se reglamente el servicio que brindan como una nueva modalidad de transporte público, según una fuente de este Diario. El viceministro Molina niega que la formalización haya formado parte de la discusión, pero sin duda las conversaciones han dejado ya un mal sabor a quienes empujan la modernización del transporte en Lima. Tan así es que la Asociación de Concesionarios de Transporte Público Urbano (ACTU) manifestó que evalúan iniciar un proceso arbitral contra el Estado Peruano por US$300 millones si el Ejecutivo “cede” a las presiones de los colectiveros.
Lamentablemente, esta no sería una trama inédita en el historial del presente gobierno. Desde la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para los transportistas –a pesar de ser una política antitécnica y nociva para el medio ambiente– hasta las negociaciones del presidente Martín Vizcarra que derivaron en la suspensión del proyecto minero Tía María, pasando por la cancelación del incremento tarifario del agua en Moquegua, el gobierno ha demostrado en reiteradas ocasiones que basta algo de oposición desde la calle para hacerlo retroceder sobre compromisos asumidos y sobre la institucionalidad de las normas.
En este caso, como en otros, el compromiso que el gobierno debe respetar no es con los grupos de presión y sus amenazas de violencia, sino con el ciudadano corriente, aquel que sufre día a día un transporte urbano saturado, obsoleto e inseguro. ¿De qué lado están?
