Editorial:A la segunda va la vencida

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, decidió ayer plantearle una cuestión de confianza al Congreso respecto de la totalidad del Gabinete que encabeza, ante el anuncio de la bancada de Fuerza Popular de que irá adelante con el pedido de censura a la titular de Educación, Marilú Martens.

Como se sabe, la iniciativa cuenta con el respaldo de otras bancadas, pero es evidente que, habida cuenta de su mayoría absoluta en el Legislativo, es la fujimorista la que tiene en sus manos la suerte de la referida ministra. En consecuencia, lo que la determinación del Ejecutivo provoca es, en última instancia, una confrontación con ella. O, mejor dicho, una solución de la misma, pues en realidad el pulseo entre el equipo parlamentario naranja y la administración ppkausa tiene ya una larga historia.

¿Cómo así ejerce presión sobre esa bancada –y, de paso, sobre todas las demás– la medida planteada por Zavala? Pues ocurre que, de ser negada esa confianza trayéndose abajo al Gabinete, ello constituiría un primer episodio de los dos de ese tipo que la Constitución demanda para facultar al presidente de la República a disolver el Congreso y convocar inmediatamente a nuevas elecciones parlamentarias.

De manera que, más allá de las consideraciones sobre su oportunidad, debe quedar claro que el planteamiento es tan constitucional como el pedido de censura: ambos, sencillamente, forman parte de los instrumentos que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen a su disposición para contrapesarse y equilibrarse mutuamente.

Por lo demás, como se recuerda, esta no es la primera vez que el gobierno baraja semejante posibilidad ante la amenaza a un ministro de Educación. Lo hizo también en diciembre del año pasado, cuando la bancada fujimorista, con el respaldo de algunas otras, anunció su voluntad de censurar a Jaime Saavedra por acusaciones de corrupción que no lo concernían directamente.

Al final, sin embargo, el presidente Kuczynski declaró que no jugaría esa carta para “evitar un escenario de más enfrentamiento”, en consonancia con la difundida idea de que aquello habría constituido un gesto muy drástico cuando la administración no cumplía todavía ni cinco meses de gestión.

En esta ocasión, no obstante, las circunstancias son distintas. No solamente pesa a favor de la decisión el efecto acumulativo del ánimo censurador del fujimorismo, sino también la escasa racionalidad con la que este ha sustentado su posición. A cargos más bien gaseosos como el de la necesidad de “reencaminar todo lo que significa la política pública en Educación” (Rosa Bartra), o el de “la incapacidad de la ministra […] reflejada en esta última crisis, en la huelga” (Daniel Salaverry), ha venido a sumarse también una actitud doble de parte de algunos de sus representantes, que mantuvieron contactos aparte con el sector más radical del magisterio durante la huelga o que sentenciaron que Fuerza Popular se identificaba con los maestros “al margen [de] quien sea o no sea terrorista o del Movadef”.

Los argumentos más consistentes a favor de la cuestión de confianza, empero, los ha expuesto el propio Fernando Zavala al decir que nadie debe “socavar la política de Estado de educación, que tiene como principales pilares la reforma por la calidad de la educación y la evaluación de los docentes” y que no se puede “poner el cálculo político por encima de la educación de nuestros niños y niñas”.

Esto, a nuestro modo de ver, pone contra las cuerdas al fujimorismo. No tanto por la posibilidad de que, a la larga, tal o cual congresista pueda perder su curul en unas eventuales nuevas elecciones legislativas, sino porque lo obliga a colocar sobre el tapete la naturaleza exacta de su compromiso con determinadas reformas, más allá de si son ellos u otra fuerza política el poder de turno.

Sin desentenderse del hecho de que su manejo de la huelga magisterial ha sido efectivamente torpe y contradictorio, este gobierno acierta, pues, esta vez al forzar una definición medular a través de la cuestión de confianza.