Editorial: Seguro con riesgos

Las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, en un evento académico organizado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), han traído nuevamente a la palestra el tema del seguro de desempleo. Como se recuerda, la propuesta incluida en el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) fue una de las que mayor discusión propició durante la segunda vuelta de la pasada campaña electoral.

En aquella oportunidad, saludamos desde este Diario que PPK haya planteado la iniciativa en la medida que pudiera reemplazar eficientemente a una más onerosa CTS. Y también criticamos la volatilidad con la que –seguramente presionados por las críticas de corte populista– los voceros de dicho partido empezaron a inventar sobre la marcha nuevas fórmulas, al punto de proponer en algún momento que el seguro de desempleo se sumara a la CTS. 

Un despropósito desde todo punto de vista pues la finalidad del seguro de desempleo era precisamente lograr que los trabajadores pudieran tener mayor disposición sobre el dinero que, como fruto de su esfuerzo, ellos mismos habían conseguido. Así, en lugar de verse forzados a ir ahorrando en una cuenta intangible el equivalente a alrededor de 7,7% de su remuneración mensual, solamente destinarían entre un 2,2% y 3,5% de su salario mensual –según las estimaciones de PPK– para el pago de un seguro privado que les brindara cobertura durante un período sin ingresos.

Sin embargo, habiendo transcurrido ya la época electoral en la que la presión competitiva seguramente provocaba reacciones poco meditadas, es de esperar que lo que venga a continuación desde el MEF sea una propuesta muy bien elaborada sobre la factibilidad de dicho seguro.

Y es que la viabilidad de esta propuesta depende esencialmente de dos variables. La primera: que resulte menos onerosa para el trabajador que la CTS. Es decir, que, en efecto, el dinero que las personas vayan a destinar a un seguro de desempleo represente una porción de su capital mucho menor en comparación con la que hoy ven congelada en sus cuentas de CTS. Solo así se garantizaría que las personas puedan disfrutar libremente de un porcentaje mayor de sus remuneraciones. A la vez, se reduciría el desincentivo para ingresar al sector formal, como puede suceder con muchas personas que preferirían contar con más dinero en sus bolsillos en el sector informal, que tener sumas quizás mayores pero congeladas en sistemas de ahorro compulsivo como la CTS, AFP u ONP.

La segunda: que resulte atractiva para el sector asegurador pues, de lo contrario, se correrá el riesgo de que el Estado termine pagando el diferencial necesario para cubrir a la masa de trabajadores formales a quienes les resultaría aplicable el seguro de desempleo. En otras palabras, que el dinero de todos financie a unos pocos: los menos del 30% de trabajadores que tienen el privilegio de pertenecer al sector formal.

Son estos riesgos los que tienen que considerar desde el MEF si quieren seguir adelante con la idea del seguro de desempleo. Aunque estas mismas consideraciones deberían ser suficientes para optar por una salida mucho más limpia: devolver la libertad de elección a las personas. Que sean ellas mismas, y no ningún congresista ni burócrata, quienes decidan si prefieren utilizar su dinero de manera inmediata para necesidades más urgentes o contratar un seguro privado de desempleo o utilizar cualquier otro método de ahorro para épocas menos afortunadas. Esa sería la apuesta más segura.