Editorial: Selva acalorada

Parece cada vez más frecuente que el carácter ‘social’ de las protestas otorgue a todo tipo de manifestantes una supuesta justificación para dejar de lado los mecanismos institucionales y legitimar un quiebre de la estabilidad social y el Estado de derecho. A las recientes manifestaciones en Iquitos por la adjudicación del lote 192 (que terminaron tras la modificación de los candados legales de la Ley 30130 en el Congreso), se sumó la ocupación de las instalaciones de la petrolera Pacific Stratus Energy por parte de ciertas comunidades en la zona de influencia. 

Entonces, 9 sectores de producción fueron tomados, además del aeródromo y helipuerto de Andoas. El martes pasado, unos 500 manifestantes (miembros de al menos 15 comunidades) paralizaron el bombeo de petróleo en dos de las baterías del lote 192, por lo que la empresa operadora suspendió su trabajo hasta que se solucione el problema. Así como en el caso de Conga, Espinar y Tía María, los manifestantes han solicitado la instalación de una mesa de diálogo –ya en marcha– para que el gobierno atienda sus pedidos.

No es el caso, sin embargo, que quienes promueven esta protesta se opongan a la producción petrolera. Como informó Franklin Cornejo Córdova, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia del Datem del Marañón, el principal reclamo de su comunidad es la construcción de un hospital, pues –según ha dicho– su gente “muere por no tener una adecuada atención médica”. Por otro lado, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes, Carlos Sandi, solicita la reanudación de la consulta previa, pero aclara que su pedido no guarda relación con la identidad de quien operará el lote. 

A pesar de que no justifican en caso alguno la toma de los pozos y el estancamiento forzoso de la producción del principal lote petrolero del país, estas razones permiten distinguir la incapacidad del Estado para proveer los servicios mínimos que esas comunidades requieren. 

Las consecuencias de este abandono, pues, se ven reflejadas en la toma de las instalaciones del lote petrolero. La circunstancia de que sea la empresa operadora la que se perjudique con este efecto demuestra la poca capacidad del gobierno para articular a las comunidades en las zonas de influencia con los proyectos de inversión que se desarrollan en ellas. En ese sentido, no es casualidad que el último reporte de la Defensoría del Pueblo dé cuenta de 209 conflictos sociales en el país.

Asimismo, existen también consecuencias económicas derivadas de esta situación. El lote 192 produce cerca de 10.000 barriles de petróleo diarios, por lo que cada día no trabajado significa más de US$400.000 en ingresos dejados de percibir por la empresa administradora. Para los manifestantes, la paralización de la explotación petrolera pone en riesgo más de US$30 millones por concepto de canon y sobrecanon, además de US$50 millones en regalías y cerca de 3.000 puestos de trabajo. Un absurdo.

En el largo plazo, sin embargo, las consecuencias podrían ser incluso más graves. Y esto, por el pésimo mensaje que la inestabilidad generada envía a los inversores nacionales y extranjeros. Con un Poder Ejecutivo que no puede controlar el brote de nuevos conflictos sociales y un Poder Legislativo dispuesto a levantar restricciones legales para complacer a los manifestantes, no es muy difícil que se ahuyenten quienes estuvieran dispuestos a invertir.

Lamentablemente, como hemos visto en Conga, Tía María y ahora Iquitos, parece ser que la supuesta institucionalidad de estas protestas viene acompañada por una radicalización de los métodos utilizados para generar culpabilidad entre las autoridades responsables. Como advirtió en un comunicado el presidente de la Organización Interétnica del Alto Pastaza, Wilmer Chávez, “si el resultado de la asamblea es el enfrentamiento, lamentaremos que el Ejecutivo no haya podido evitar las muertes que se causen por estas acciones”.

Así las cosas, como ha sucedido ya otras veces, el ánimo de los manifestantes se puede acalorar ante la falta de respuesta adecuada y las protestas podrían estar encaminadas a una radicalización de graves consecuencias. La contradicción, no obstante, es que quienes más afectados se verán por ellas serán –finalmente– los mismos que las promueven.