Editorial: Sin empujones

El impacto económico de la actual crisis tiene muchas caras: contracción abrupta del PBI, incremento del déficit fiscal, colapso de la inversión privada y del consumo, entre otras. De todas estas facetas, la más cercana al día a día de las personas es, sin duda, el golpe al mercado de trabajo. En el momento más duro de la crisis, la población ocupada en zonas urbanas se redujo a la mitad.

Como es lógico, el Gobierno no dispone de herramientas para preservar el empleo en las empresas informales. En cuanto al empleo formal, sin embargo, el abanico de opciones es amplio. El programa Reactiva Perú es, sin duda, el esfuerzo más ambicioso al respecto (el objetivo es que parte de los préstamos subsidiados cubra el costo de las planillas). A estos esfuerzos por fomentar la contratación formal se sumará, según adelantaron recientemente los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), un nuevo programa de subsidio a la planilla.

En concreto, el MTPE propuso a los representantes de gremios empresariales y sindicatos de trabajadores un subsidio por hasta 55% del costo de planilla de nuevos trabajadores o trabajadores recontratados. El apoyo será por seis meses para salarios de hasta S/2.400 en empresas formales de todo tamaño que registren caídas en las ventas del 30% o más entre abril y mayo de este año, en comparación con el mismo período del 2019. Los montos del subsidio varían en función de la edad del trabajador y del tipo de contrato.

La idea, en principio, puede ser positiva. El empleo formal se viene recuperando y un empujón adicional desde el sector público puede permitir más contrataciones, más consumo y más demanda en general. Políticamente, además, el objetivo es rentable. La evaluación, no obstante, debe ser hecha con cautela. No es claro que todos los puestos de trabajo que se crean con el soporte estatal –y solo por la existencia del soporte estatal– sean un buen uso de recursos de parte de la empresa, del Estado y del propio trabajador.

Desde la empresa, esta estará incentivada a contratar nuevo personal aun si su productividad no cubre su sueldo. A mediano plazo, cuando se agote el subsidio, estas decisiones pueden salirle caras. Desde el Estado y los trabajadores, ¿cómo asegurar que no se están entregando los recursos escasos del sector público a empresas que no serán solventes en los siguientes meses? No solo porque ello sería echar dinero al agua –el trabajador seguirá desempleado de aquí a seis meses y ya no habrá empresa de cualquier modo–, sino porque subsidios de este tipo pueden tener el efecto de alargar innecesariamente los procesos de reconversión de ciertos negocios y la búsqueda de empleo realmente productivo –sin subsidios– de los trabajadores.

En otras palabras, si las empresas no están contratando nuevos trabajadores por sí mismas, alguna razón de fondo hay para ello, y no debe ser ignorada poniéndole encima un subsidio. A siete meses de iniciada la pandemia, el asunto principal para muchas compañías es la baja demanda por sus productos o servicios. Subsidios de este tipo podían haber surtido un mejor efecto si se aplicaban al inicio de la cuarentena, cuando el problema eran restricciones operativas que ya se normalizaron parcialmente. El esfuerzo que se hizo entonces, de cobertura de 35% para sueldos por debajo de S/1.500, quedó corto.

Si realmente se quiere un crecimiento saludable del empleo formal –sin necesidad de empujones extras del Estado–, el camino pasa por tener una estrategia clara de reactivación de la demanda y por limpiar el sinnúmero de obstáculos que enfrentan las empresas para contratar en planilla. Desde la dificultad para separar trabajadores sin que se haya vencido su contrato hasta sobrecostos no salariales, pasando por el salario mínimo y otras trabas regulatorias, el Estado ha creado un marco en el que la formalidad es la excepción y no la regla. Y eso no se arregla con un subsidio.