Editorial: Ni sincero ni eficaz

El caso de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht a funcionarios peruanos de diversos gobiernos para ganar licitaciones de obras públicas es una continua fuente de sorpresas y la fiscalía tiene el deber de estar en guardia para enfrentar cada una de ellas. La última ha sido el cambio de estrategia legal de Edwin Luyo, cuya defensa había anunciado días atrás que se acogería a la confesión sincera y ahora ha dado marcha atrás al respecto.

Como se sabe, Luyo fue miembro del comité especial de licitación del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima y el viernes 20 de enero fue detenido por ser uno de los implicados en el pago de coimas de la ya referida constructora brasileña para ganar la buena pro de esa obra.

En concreto, recibió 500 mil dólares en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra, a través de la ‘offshore’ Oblong International Inc, lo que determinó que el fiscal Hamilton Castro le imputara los cargos de cohecho pasivo propio y lavado de activos, y pidiera para él prisión preventiva. Previsiblemente, el pedido fue acogido por el juez Richard Concepción, quien ha dispuesto que la medida se extienda por 18 meses.

La semana pasada, José Luis Salazar, abogado de Luyo, negó el delito de lavado de activos pero respecto de lo demás dijo que su representado se acogería a la ‘confesión sincera’ –lo que equivale a allanarse a la acusación– y que estaban evaluando la posibilidad de acogerse también a la ‘colaboración eficaz’: dos figuras legales que suponen el ofrecimiento de información veraz sobre el involucramiento –propio y ajeno– en los delitos cometidos a cambio de ciertas ventajas al momento de ser sentenciados. Y para resaltar la idoneidad de la participación de su defendido en tratos como los mencionados, añadió: “Él tiene las pruebas de cómo ha sido todo, cuenta con todo para demostrar que no fue el único que recibió coimas”.

Pasado el fin de semana, sin embargo, la vocación colaboradora y la claridad a propósito de los delitos cometidos de pronto se desvanecieron. El mismo Salazar señaló a este Diario que Luyo ha apelado a los dos cargos y que los 500 mil dólares depositados en su cuenta de Andorra corresponden al pago de “servicios de consultoría”. Un cambio de estrategia legal un tanto desconcertante, pues no parece orientado a conseguir una mejora de la situación legal del acusado por el peso de las pruebas (no hay que olvidar que, además de lo exorbitante que resulta el monto pagado por la supuesta ‘consultoría’, los funcionarios que conducen un proceso de contratación con el Estado no pueden brindar ‘consultorías’ a las empresas privadas interesadas en dicho proceso, y que Luyo lo era cuando recibió el dinero de Odebrecht), y que, por lo mismo, podría responder a factores externos. 

Con el paso de los días, como es público y notorio, las ramificaciones del Caso Odebrecht han escalado en la estructura de poder de los gobiernos pasados y amenazan con involucrar a figuras políticas cuya vinculación con algunos de los inculpados –como el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba– empieza a revelarse como algo más que episódica y casual. Es en ese contexto, entonces, en el que hay que analizar el brusco viraje de la defensa de Luyo y la posibilidad de que no constituya un hecho aislado.

Con los mismos reflejos con los que pudo ofrecerle ventajas a cambio de colaboración, la fiscalía debe ahora someter al ex miembro del comité especial de licitación del metro de Lima a todo el rigor de la ley y, sobre todo, permanecer atenta a los indicios de posibles conexiones entre una decisión que no luce muy provechosa para él y quienes sí podrían resultar beneficiados por la misma.

Después de todo, esto también es política. Y en política, según una famosa sentencia, las casualidades no existen.