Editorial: Nos sobran los motivos

El último martes, en el marco de la operación Lava Jato, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa que lleva su apellido, fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por delitos relacionados al escándalo de corrupción de la empresa estatal brasileña Petrobras. La trama de esta investigación podría implicar no solo a altos funcionarios del país vecino (como ya compromete penalmente al ex presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y pone en riesgo el futuro político de la presidenta Dilma Rousseff), sino a empresarios y trabajadores públicos en toda la región. 

La sentencia condenatoria, que también incluye a otros empresarios por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, podría reducirse si alguno decide acogerse a la colaboración eficaz. Ello permitiría echar más luces aun sobre otros delitos y sus implicados, y conocer si las maniobras ilegales que se imputan a las firmas brasileñas Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS, Queiroz Galvao, Galvao, Engevix y, por supuesto, Odebrecht, fueron “exportadas” al Perú.

De acuerdo con la sentencia, la compañía Odebrecht, en uno de los varios sobornos contemplados por la justicia, entregó, entre marzo del 2010 y agosto del 2011, poco más de 4,4 millones de dólares y 1,9 millones de francos suizos a directivos de Petrobras “para que no obstaculizaran el funcionamiento del cártel y los ajustes fraudulentos de las licitaciones”. Es decir, para mantener el esquema por el cual las constructoras se repartían ilegalmente obras de construcción sobrevaloradas y convocadas por el Gobierno Brasileño.

Esta tesitura, y los numerosos contratos firmados entre el Estado Peruano y las distintas compañías brasileñas involucradas, eleva los cuestionamientos sobre cómo se habrían llevado a cabo los concursos de licitación y si el éxito de estas constructoras tendría raíces similares a las descubiertas en Brasil.

La situación preocupa aun más porque, recientemente, se reveló que la Policía Nacional de Paraná (Brasil) investiga el posible pago de coimas a funcionarios extranjeros. Tras el análisis de información incautada al señor Odebrecht, las autoridades brasileñas esbozan la hipótesis de que las inscripciones de US$3 millones y las siglas ‘OH’, encontradas en estos documentos, hagan referencia a las iniciales de nuestro presidente Ollanta Humala y un soborno de dicha cuantía.

Es claro que a partir de esta información no se puede sentenciar a nadie en el Perú, pero sí da pie para indagar a fondo este y otros rastros ya existentes y que vinculan no solo a la actual administración nacional, sino también a las dos anteriores. 

Uno de los casos más cuestionados y que involucra tanto a los gobiernos de Alejandro Toledo como Alan García es el de la construcción –entre el 2005 y el 2009– de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, en que Odebrecht era socio dominante del consorcio que ejecutó la obra, y que concluyó con un sobrecosto de US$507 millones, monto superior al ya cuestionado sobrecosto de US$141 millones de la Interoceánica Norte. En este último caso, según un informe de la Contraloría General de la República, Odebrecht habría tenido privilegios para la adjudicación de la obra, y ambas carreteras fueron exoneradas del filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Respecto del segundo gobierno aprista, a los cuestionamientos mencionados se suma la aparente cercanía con el gobierno de la empresaria Zaida Sisson –sindicada por un colaborador eficaz en Brasil como la mediadora para la obtención ilícita  de contratos de obras públicas para empresas brasileñas en el Perú– y los supuestos vínculos entre Odebrecht y una empresa fundada por el entonces secretario general de la Presidencia, Luis Nava, en los que la segunda obtenía millonarios ingresos como subcontratista de la firma brasileña. 

Ahora bien, la sola presencia de empresas cuyos representantes han sido sentenciados (otros aún investigados) en Brasil no las convierte en organizaciones criminales en el Perú, como la culpabilidad de los funcionarios y eventualmente de presidentes en el país oriental tampoco se reproduce por cargo en el Perú. 

Sin embargo, los indicios ya públicos a la fecha, sumados a los más de 7.500 millones de soles obtenidos en contratos con el Estado solo entre el 2006 y el 2013 por las empresas involucradas en Lava Jato, deberían ser motivos suficientes para hacer de la investigación que recién empieza en el Perú una de las prioridades del Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción y el Poder Judicial.