Editorial: La sociedad informal y sus enemigos

En cada campaña electoral los candidatos de turno se esfuerzan por cosechar el descontento que algunos hechos e instituciones suscitan entre sectores de la población. Algunos de estos supuestos enemigos públicos, como el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos en su momento, sobreviven tan solo una campaña. Otros, sin embargo, son vilipendiados cada cinco años, y esta vez no es la excepción.

Respecto de los segundos, la Sunat ofrece un caso ejemplar. La “maldita Sunat”, del ex presidente Alejandro Toledo, ha cedido terreno en estas semanas a la “sanguijuela” que “persigue a los pequeños y microempresarios”, del ex presidente Alan García. Nano Guerra García, por su lado, le ha declarado “la guerra” a una institución que promete “reventar” en caso llegue a Palacio de Gobierno.

Para ser claros, la agencia recaudadora de impuestos no es el organismo público más popular en ningún país. Algunos de los candidatos más prominentes de la campaña electoral que se lleva a cabo en estos momentos en Estados Unidos, por ejemplo, tienen también entre sus planes de gobierno la reestructuración integral del ente recaudador norteamericano. 

Además, como hemos comentado extensamente en estas páginas, el sistema de administración tributaria, en general, y la Sunat, en particular, tienen serios problemas pendientes. Desde una alta discrecionalidad que permite abusos en contra de los contribuyentes hasta una orientación más punitiva que de acompañamiento, las políticas a veces arbitrarias o desproporcionadas de la Sunat hacen en parte comprensible que tantos millones de peruanos emprendedores prefieran mantenerse en la informalidad. 

Todo ello, sin embargo, no justifica que la reforma del sistema tributario –y de la agencia que mejor lo representa– deba convertirse en una discusión tan desprovista de contenido como llena de adjetivos injuriantes. Después de todo, la Sunat, con sus taras y vicios, es una institución clave para que el aparato estatal opere. Limitarse a agraviarla hace poco por solucionar los problemas de fondo que existen como causa y consecuencia de estas fallas.

Las políticas públicas deben orientarse a elevar el número de contribuyentes para aumentar la recaudación sin necesidad de asfixiar financieramente a aquellos que ya pagan tributos. La falta de contribuyentes explica en buena cuenta que, según la Cámara de Comercio de Lima, la presión tributaria sobre el sector formal ascienda a 39,8%, el porcentaje más alto de América Latina. Es decir, pocas personas, naturales y jurídicas, financian los servicios públicos de los que la gran mayoría de peruanos goza, y por tanto cada una de ellas debe pagar un monto desproporcional a la cantidad y calidad de servicios que recibe en contraprestación por sus impuestos.

Pero este aumento de contribuyentes no puede darse en la medida en que no se pongan en discusión alternativas serias de reforma para combatir la informalidad –que incluyen pero van más allá del aspecto tributario–, y que a la vez el público perciba que el ente recaudador no es el enemigo público que algunos candidatos quieren delinear. 

Es cierto que la Sunat tiene limitaciones y que en más de una ocasión hace gala de decisiones arbitrarias en perjuicio del contribuyente. Mas eso no se soluciona con retórica populista destinada a captar votos, sino con planes de trabajo que incluyan, por ejemplo, la tecnificación electrónica de la fiscalización para evitar la evasión, la simplificación del pago de impuestos y el acompañamiento efectivo del contribuyente en todas las etapas del proceso. El ataque irresponsable a la Sunat, más bien, exacerba la cultura en la que aquel que puede evitar pagar tributos debe siempre ir por este camino.

Si los candidatos desean tener suficientes ingresos para financiar las ingentes promesas que ponen sobre la mesa a los electores, no estaría de más que empiecen por promover un clima de respeto por las autoridades tributarias sin dejar de lado la urgente reforma que el sistema necesita.