Es innegable que toda actividad humana, desde cruzar la calle hasta realizar deportes extremos, conlleva ciertos peligros. Frente a ellos, las personas solemos tomar determinadas medidas para mitigar los riesgos o los daños subsecuentes, como por ejemplo, contratar seguros, que trasladen a un tercero (una compañía aseguradora) los eventuales costos de un suceso dañino, a cambio de una contraprestación.
Cuando se produce un siniestro de cualquier naturaleza (sea que se trate de un robo o de un accidente fatal), se suele lamentar que la víctima no haya contado con un seguro, ignorando muchas veces los costos de adquirirlo. Así, un seguro no siempre es la mejor decisión, y responde más bien a la ponderación que cada persona realiza sobre los riesgos que enfrenta, las acciones preventivas que puede tomar para evitar el daño y la inversión económica de adquirir un seguro.
Sin embargo, parece que el titular del Ministerio de la Producción (Produce), Bruno Giuffra, no estuviera muy convencido de ello. En las últimas semanas, el ministro viene proponiendo la creación del seguro obligatorio de pesca artesanal (SOPA), el cual vería la luz en los próximos días, en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo. Preguntado al respecto en una sesión de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, Giuffra sostuvo: “Yo quiero buscar una solución para que eso [el seguro de pesca artesanal] exista, pero que no sea a discreción del que quiere o no, sino que sea obligatorio”, y remató: “Hay que crear la cultura de seguros en nuestro país, no solamente para la pesca artesanal, sino a todo nivel”.
La iniciativa del Produce, según ha explicado el ministro, busca ofrecer a los pescadores artesanales –a través del seguro– el acceso a servicios de salud básicos y compensaciones en caso de un desenlace fatal. Se trataría de un seguro compulsivo “que deberá ser pagado por el dueño de la embarcación”, verificándose que se cuente con el mismo antes de que la nave zarpe.
La propuesta, además, se enmarca dentro de los esfuerzos del ministerio por formalizar la pesca artesanal. El ministro indicó también que este seguro no sería subsidiado. Sin embargo, no se entiende cómo es que añadir un requisito obligatorio, y cuyos costos serían asumidos íntegramente por quienes se dedican a la actividad pesquera artesanal, podría contribuir a propiciar la formalidad en el sector y no a reducirla aun más.
De hecho, aun cuando esta actividad, por ley, ya se encuentra dentro del régimen del Seguro Social de Salud (Essalud) y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), la realidad muestra que una extendida mayoría de pescadores artesanales ha optado por incumplir el marco legal y ahorrarse el costo de un seguro. De acuerdo con las cifras del primer Censo Nacional de la Pesca Artesanal publicado en el 2012, solo el 23,6% de los pescadores contaba con un seguro de salud y apenas el 8,9% había adquirido una póliza de vida.
Más allá de que el incremento de exigencias va en el sentido contrario de los esfuerzos en pro de la formalización, un seguro obligatorio puede traer, adicionalmente, un conjunto de efectos indeseados. En primer lugar, un seguro obligatorio, cuyas características son dispuestas por el Estado, corre el riesgo de no adaptarse a las demandas particulares de los supuestos beneficiarios y a sus perfiles de riesgo. Por otra parte, como en todo seguro obligatorio, algunos (los menos riesgosos) terminarán subsidiando a otros (los más riesgosos). Finalmente, cabe la posibilidad de generarse el incentivo perverso de que los pescadores adopten menos acciones de prevención, al contar siempre con una cobertura frente a siniestros. Todo ello, sin perjuicio de los costos de oportunidad para los pescadores y los costos estatales de supervisión del cumplimiento de este nuevo sistema.
Una suma de consideraciones, en fin, que deberían llevar al Produce a pensarlo muy bien antes de tratar a los pescadores como niños y ponerles en la mesa una “sopa” que quizá no quieran tomar.