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Una de las más importantes tareas pendientes para el Parlamento debe ser una reforma constitucional específica. Luego de la experiencia vivida durante el 2015 en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se impone un cambio radical.
El CNM se encarga de nombrar, ratificar, sancionar o destituir a los jueces y fiscales de todo el país. Su trabajo es silencioso, pero críticamente importante para mantener el sistema de justicia.
Si bien ya había dudas sobre alguna de sus decisiones, el año que pasó reveló de manera flagrante la incapacidad del CNM para cumplir su tarea esencial. El caso de Alfredo Quispe Pariona quedará en nuestra historia institucional como uno de los capítulos más vergonzosos.
En mayo Quispe Pariona fue elegido consejero del CNM para el período 2015-2020. Luego, en julio, se denunció su participación en negocios ilícitos con el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También se lo acusó de haber agredido sexualmente a alumnas suyas.
A pesar de ello, el CNM desestimó el pedido de vacancia aduciendo supuestos principios de legalidad. Pasó por encima el principio de idoneidad, lo que motivó la renuncia ejemplar de quien fue presidente de esta entidad, Pablo Talavera.
El CNM resolvió entonces ratificar a Quispe Pariona, aduciendo, además, que no se habían obtenido los peritajes de un audio incriminatorio. Es decir, sus miembros confesaban que no les interesaba realizar su tarea de fiscalización sino que les bastaba saber que el peritaje no había llegado.
Más adelante, el 11 de noviembre, sucedió la defensa de la ratificación. Tres días después el CNM se rectificó y resolvió la vacancia por incapacidad moral.
Este cambio súbito en la decisión se sustentó “en atención a la ponderación del interés público y la legitimidad institucional que deben primar sobre vacíos legales”. En otras palabras, para este CNM, un día pueden primar los vacíos legales y al otro no. Si la opinión pública no se manifestaba, Quispe Pariona sería hoy uno de los consejeros.
Es evidente que el CNM no es, pues, garantía de justicia. Ante lo ocurrido con Quispe Pariona, el Parlamento debió vacar a estos consejeros por causa grave, como lo estipula el artículo 157 de la Constitución.
El problema, sin embargo, está en el sistema corporativista de la conformación del Consejo. El sistema actual favorece el cabildeo, los arreglos y las alianzas. Las que deberían ser decisiones jurisdiccionales, técnicas e institucionales, pasan a ser oscuras complicidades bajo la mesa.
Hoy en día el CNM se conforma por miembros elegidos en la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, los colegios de abogados del país, los demás colegios profesionales y los rectores de las universidades públicas y privadas. Quispe Pariona fue elegido con cuatro votos mediante un proceso electoral de la Asamblea de Delegados Candidatos de los Colegios Profesionales. ¿Qué tiene que hacer el Colegio de Enfermeras o el Colegio de Ingenieros en una función como la de nombrar o destituir jueces? ¿Qué tienen que hacer los rectores de las universidades en dicha función?
La actual Constitución libera a los consejeros de la condición de haber tenido una carrera en la magistratura. No obstante, esa condición debe establecerse para el CNM al igual que para ser magistrado de la Corte Suprema (a quienes se les exige haber sido magistrado de Corte Superior o Fiscalía Superior durante diez años o haber ejercido la abogacía o la cátedra jurídica durante quince años). ¿No es lo menos que deberíamos exigir a quienes evaluarán a todos los jueces del país?
En todo caso, es evidente que se requiere un debate en el Congreso para la reforma constitucional de la manera en que se conforma este organismo. La barbaridad cometida en el caso Quispe Pariona está ahí para recordárnoslo
No basta con el cuestionamiento a los actuales consejeros para mejorar esta situación. El problema terminará, en realidad, con el cambio radical de un sistema basado en las corporaciones gremiales, las alianzas y las componendas.
