(Editorial) Tierra de incoherencias

Este lunes el diario “La República” mostraba, a un par de páginas de distancia, dos historias mucho mas relacionadas entre sí de lo que parecería a primera vista. La primera era una entrevista al fundador de Tierra y Dignidad (TyD) y precandidato presidencial, Marco Arana, quien denuncia en ella un deseo gubernamental de “doblegar la resistencia de los pueblos indígenas” frente a proyectos como Conga, Tía María y Las Bambas, para imponerlos “a sangre y fuego”. En la entrevista, además, Arana lanza lo que –considerando el rol que él y su movimiento jugaron en los anteriores estallidos de violencia en Cajamarca– solo puede interpretarse como una (no muy velada) amenaza: “Si el gobierno y la empresa minera siguen obstinados en imponer el proyecto Conga, puede recrudecer una situación de violencia”. Situación que ya se había reanudado la semana pasada con la quema de una antena y una caseta de seguridad del proyecto y el secuestro de un trabajador. 

La segunda historia daba cuenta de que los pobladores de Tambogrande (Piura), quienes hace 12 años rechazaron el proyecto aurífero de la empresa Manhattan azuzados por líderes antimineros muy similares a los de Cajamarca, hoy están marchando por la ciudad para poner coto a las bandas organizadas que han florecido en ella luego de que la minería ilegal se apropiase del proyecto dejado por la expulsada empresa formal. Una minería ilegal, esto es, que, además de ocasionar un verdadero desastre ecológico, ha propiciado la conversión de Tambogrande en una tierra de nadie en la que imperan mafias que se dedican al robo, la extorsión, el tráfico de combustibles y el narcotráfico. No es necesario decir, por otra parte, que los mineros ilegales no dejan canon alguno a la zona.
 
Curiosamente, en todos los años en que la minería ilegal ha estado destruyendo Tambogrande, no se han oído las siempre fluidas voces del señor Arana y de los antimineros protestar contra lo que está haciendo esta minería con el ecosistema y con las personas en la zona. Por alguna razón solo se sabe de ellos cuando quien quiere hacer la inversión es una empresa grande que está cumpliendo con todos los pasos que la ley exige, los mismos que no son pocos ni sencillos y que incluyen una larguísima serie de cuidados y controles ambientales (de hecho, según se recordará, el peritaje internacional hecho al EIA del proyecto Conga demostró que no era verdad el argumento con el que los señores Santos, Arana, Saavedra y demás levantaron Cajamarca: los peritos confirmaron que luego del transvase de las dos lagunas habría más –mucha más– y no menos agua en Cajamarca).
 
Vale la pena precisar, por otro lado, que estos requisitos por los que sí pasan las inversiones mineras formales incluyen la necesidad de tener la aprobación contractual de las comunidades dueñas de la superficies bajo las que se hayan las concesiones (la misma que estas comunidades otorgan en sus propios términos) y requieren la opinión de las comunidades de la zona de influencia expresada en una audiencia pública. Y vale la pena precisarlo, porque cuando Marco Arana y los suyos hablan de la “población” por un lado y de la “empresa y el gobierno” por el otro crean la sensación de que son todas las personas del lugar las que se oponen en bloque a la inversión minera, lo que, ciertamente, no es nunca el caso en términos absolutos (como ya dijimos, no hay inversión minera sin previo contrato con las comunidades superficiarias) y no lo ha sido desde ningún punto de vista en los ejemplos que nombra Arana. De hecho, Las Bambas casi no ha tenido oposición, Conga contó desde el principio con el explícito apoyo de las 32 comunidades de la zona de influencia, y en Tía María los talleres con las comunidades y aún la audiencia pública fueron saboteados violentamente por grupos de antimineros que negaban así el derecho a los comuneros que asistieron a estas reuniones a expresar su propia opinión sobre el proyecto (no está de más apuntar que en Tía María el movimiento antiminero es dirigido por uno de los líderes de TyD).
 
Es un misterio por qué las comunidades y los ciudadanos que sí apoyan los proyectos mineros resultan siendo, a los ojos de Marco Arana y varios otros líderes, menos parte de la “población” que quienes se oponen a aquellos. Son mucho menos enigmáticos, en cambio, los motivos por los que estos últimos suelen tener éxito contra los primeros, contra la ley y contra el Estado: la violencia a la que sistemáticamente los conducen sus líderes.