Editorial: Tierra y libertad

La Comisión Agraria del Congreso puso nuevamente en agenda la posibilidad de establecer límites a la tenencia de tierras agrícolas. El proyecto de ley propone limitar la propiedad de tierras para personas naturales y jurídicas a 10 mil hectáreas en la costa, 5 mil en la sierra y 20 mil en la selva, además de prohibir la acumulación de un solo propietario de más de 30% de terrenos agrícolas en valles o cuencas –excepto aquellos que superen el límite antes de la promulgación de la ley y de comunidades campesinas y nativas–. El martes pasado, los miembros de la referida comisión incluyeron el predictamen en los puntos a tratar durante el día, pero postergaron el voto para la siguiente sesión. 

El objetivo de la iniciativa planteada por los congresistas Wilder Ruiz, de Gana Perú, y José León Rivera, de Alianza Parlamentaria, es “proteger a los pequeños agricultores y evitar que se sigan enriqueciendo los grupos de poder”, además de asegurar la provisión de alimentos para el consumo interno frente al ‘riesgo’ que supone el despegue de la agroexportación.

Del documento presentado a la comisión no se coligen inmediatamente los puntos a favor y en contra del proyecto dado que el análisis costo-beneficio se limita a señalar que “la presente iniciativa legislativa no genera ningún costo adicional al erario nacional”. Una mirada un poco más profunda, sin embargo, debería despertar suspicacias.

Por un lado, el proceso continuo de ‘concentración’ de tierras agrícolas al que aluden los parlamentarios no es tal. Los resultados del último Censo Nacional Agropecuario, publicado por el INEI en el 2012, indican que existen 2,3 millones de productores agropecuarios en el país, de los cuales 1,8 millones trabajan en pequeñas unidades (hasta 5 hectáreas). Ello implica un incremento de 40,3% respecto al censo de 1994. Caso contrario ocurre con el número de medianas y grandes unidades agropecuarias, las cuales se han visto reducidas en 15,5% y 11,5%, respectivamente, respecto al censo anterior.

Por otro lado, curiosamente, el mismo pre-dictamen ofrece algunos de los argumentos de fondo que hacen del límite de tierras una mala idea. El documento enfatiza la necesidad de tener “más inversión y economía de escala” y explica, además, que “la estructura minifundista genera problemas para el desarrollo del agro”. Esto es cierto. Cuando una empresa agrícola dispone de extensiones de tierra significativas, puede usar mejor cada hectárea. Como mencionamos en anteriores editoriales, el motivo es que negocios a mayor escala permiten reducir costos, aumentar la productividad y, en consecuencia, ofrecer mejores productos a mejores precios a los consumidores. Para un minifundio, por ejemplo, tendría poco sentido económico comprar un tractor o invertir en sofisticados equipos de riego. Para una operación más grande, en cambio, estas podrían ser inversiones rentables.

Son justamente este tipo de emprendimientos de alta productividad los que se requieren en el agro, en que se concentran los bolsones de población en extrema pobreza. Hoy, de los 7,6 millones de hectáreas con potencial para uso agrícola solo se utilizan 5,4 millones. En vez de levantar barreras, el Estado debería incentivar el uso productivo de las tierras ociosas –política que impulsa, como sucedió en Ica, el empleo y los ingresos de la población rural–.

La iniciativa de los parlamentarios perjudica también a los agricultores pobres que deseen vender su terreno a empresas más grandes para mejorar su situación. Eso no quiere decir, sin embargo, que no haya beneficiados. El proyecto de ley logra blindar a los actuales propietarios de grandes extensiones de tierra de la potencial competencia. Al no ser retroactiva, la ley asegura que los únicos que pueden alcanzar grandes economías de escala son los que ya poseen los terrenos.

La limitación a la propiedad agrícola, a fin de cuentas, es una restricción a la libertad de las personas de darle el mejor uso posible a los recursos. Cabe cuestionarse entonces si los impulsores de la nueva normativa están legislando a favor del desarrollo rural, o si más bien están actuando a base de una visión que, por un lado, mira con desconfianza a la productividad y al gran emprendimiento, y, por otro, promueve una idea romántica y anacrónica del minifundio y de los campesinos, perspectiva que hasta hoy condena a millones de peruanos a la pobreza.