Todo queda en familia

El 26 de junio, un avión de la Marina de Guerra del Perú fue utilizado para transportar a múltiples familiares del presidente Pedro Castillo desde Chiclayo hacia Lima. Entre los pasajeros estaban el mandatario, su hijo mayor, el entonces ministro de Defensa José Gavidia, Yenifer Paredes (la cuñada del presidente, actualmente bajo mandato de prisión preventiva) y los sobrinos del mandatario Kevin Castillo Medina, Cristian Ríos Castillo y Yoni Vásquez Castillo, este último, además, hermano del prófugo de la justicia Fray Vásquez Castillo. Según se pudo conocer, el gobernante no registraba actividades oficiales ese día.

La lista de pasajeros fue entregada por la Marina a solicitud de la congresista Vivian Olivos, de Fuerza Popular. Y es significativa por varias razones.

En primer lugar, porque supone un episodio más del jefe del Estado haciendo uso del poder, y de la infraestructura y recursos estatales, para su beneficio y el de sus familiares. Un comportamiento que, además, está en línea con la colocación, en puestos claves del aparato público, de amigos y correligionarios sin que interese su –usualmente escasa– preparación para el cargo. En corto, lo ocurrido es una prueba más de que desde esta administración se ve al Estado, y a la responsabilidad encomendada, más como un botín que debe repartirse y aprovecharse antes que como una vía para trabajar a favor de los peruanos.

Asimismo, lo sucedido vuelve a demostrar el poco valor que el Gobierno, y sobre todo el presidente Castillo, le dan a las normas y a la ética más elemental. En fin, no solo podríamos estar ante un caso de peculado (como han opinado algunos abogados penalistas a este Diario), sino que también estamos ante un uso inapropiado del dinero de todos los contribuyentes.

No por nada, ayer se conoció que el Órgano de Control Institucional de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) dispuso el inicio de un proceso para acopiar información concerniente al “servicio prestado por las aeronaves FAP a solicitud del Poder Ejecutivo” durante todo este año, por lo que no se descarta que episodios parecidos al del 26 de junio puedan haberse llevado a cabo sin el conocimiento de la ciudadanía ni de las autoridades.

No conviene olvidar que otro integrante del Ejecutivo, el ya mencionado exministro Gavidia, también estuvo en el ojo de la controversia en julio, luego de que el programa “Punto final” revelara que cuando se desempeñaba como titular de Defensa utilizó un avión de la Marina de Guerra para trasladar a sus tres hijas a una actividad oficial en Huánuco.

Y volviendo al caso del presidente, tampoco se debe olvidar que este Diario destapó en agosto pasado la inusitada celeridad con la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, aprobó el expediente técnico y gestionó el presupuesto de S/19 millones para construir la vía de 22 kilómetros que pasa por la casa del mandatario en el distrito de Anguía (sí, el mismo que vio incrementado su presupuesto en un 200% durante la administración de Castillo y cuyo alcalde, José Nenil Medina, se encuentra bajo prisión preventiva por una trama de corrupción que implica a la esposa y los cuñados del presidente), en la región Cajamarca.

Podríamos también recordar la denuncia formulada por el programa “Cuarto poder” en julio pasado sobre un helipuerto informal –sin autorización del MTC– construido en un terreno propiedad de los padres de Castillo, en Tacabamba, Cajamarca, para uso exclusivo del presidente de la República, pero creemos que el punto ha quedado bastante claro.

Al final del día, el viaje del presidente Castillo y sus familiares del pasado 26 de junio podría ser anecdótico, pero condensa muy bien la lógica de un mandatario que ha hecho del beneficio propio y de los suyos quizá la única política consistente de su gobierno.