El presidente Martín Vizcarra pronunció ayer un discurso que quería ser vibrante. En la ceremonia de clausura del año académico de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea proclamó, solemnemente, que “el Perú, a pesar de algunas voces contrarias y ciertas resistencias, está abriendo una nueva etapa”. En esa etapa, según dijo, “existe una verdadera conciencia [con] respecto a lo nociva que es la corrupción” gracias a los avances logrados durante este año: una forma oblicua de aludir a su gestión de gobierno.
Pues bien, más allá de hacer notar los ecos inquietantes que el anuncio gubernamental de una “nueva etapa” para el país trae (pensemos en “la patria nueva” de Leguía o el “gobierno de reconstrucción nacional” de Fujimori), cabe hacer aquí una reflexión sobre lo consistente que la actual administración es con relación a los postulados que la soflama presidencial buscaba exaltar.
¿Practica el Gobierno una asepsia como la que predica con respecto a cualquier sospecha interna de corrupción? ¿Procede con todos los funcionarios que forman parte del Ejecutivo de la misma manera sumaria en que actuó frente al menor nubarrón perturbador en los casos de Carlos Bruce y Salvador Heresi cuando eran ministros?
La evidencia sugiere que no. No solo por lo tardío de las reacciones que acabaron determinando las salidas de Jorge Meléndez y Zulema Tomás del Gabinete o por la incómoda situación del ministro de Transportes, Edmer Trujillo, a raíz de las gestiones que realizó cuando era gerente general del Gobierno Regional de Moquegua para que se desembolsasen irregularmente S/41 millones de soles para la construcción de un hospital. Apunta también en ese sentido lo que se ha sabido en los últimos días acerca de otros cuestionados funcionarios de ese gobierno regional durante la época en que lo presidía el actual jefe de Estado (2011-2014) y que hoy trabajan en distintas posiciones en la estructura del Ejecutivo.
Nos referimos en concreto a David Mendoza Fernández, Jessica Gutiérrez Samo y María Calderón Salas, quienes ocuparon años atrás los puestos de jefe de Proyectos Estratégicos, directora de Logística y tesorera del Gobierno Regional de Moquegua, respectivamente, y ahora se encuentran entre las 14 personas a las que la contraloría les ha hallado presuntas responsabilidades en el ya mencionado caso del hospital.
Pues bien, a pesar de eso, hoy el primero de los tres se desempeña como director general de Fiscalizaciones y Sanciones del Ministerio de Transportes y las otras dos trabajan bajo el régimen CAS para Provías Nacional, dependiente también del MTC. El responsable de este portafolio es, como se sabe, Edmer Trujillo. Pero al ser interrogado por la prensa acerca de tamaña coincidencia, él se ha limitado a decir que no los recomendó para sus cargos.
Queda por mencionar el caso de César Ramos Zamora, actual director ejecutivo del Programa Agua Segura para Lima y Callao, sobre el que pesa una acusación por la presunta realización de un pago indebido de S/697.226,41 cuando se desempeñaba como gerente de Supervisión del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Martín Vizcarra. Un informe de contraloría recomienda, asimismo, que se lo investigue por la entrega de un terreno para la licitación de la tercera etapa del mejoramiento de la variante de Uchumayo, a pesar de no estar saneado y sin expropiaciones, a la empresa ICCGSA en el Gobierno Regional de Arequipa.
El programa para el que Ramos Zamora trabaja en estos días depende del Ministerio de Vivienda, cuyo titular, Rodolfo Yáñez, ha declarado que mientras “demuestre que profesionalmente cumple con los trabajos que se le encargan no tendría por qué [sacarlo del cargo]”.
Cuatro exfuncionarios del gobierno regional que encabezó el actual mandatario años atrás en Moquegua implicados en presuntas irregularidades y reubicados ahora en el organigrama del Ejecutivo parecen, sin embargo, algo más que una casualidad. Y, sobre todo, desvirtúan las voces grandilocuentes con las que él ha saludado el advenimiento de una –presunta también– nueva etapa.