Todos los recursos de Toledo

Esta semana, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, había ordenado que Alejandro Toledo se entregase a las autoridades en la mañana de ayer para que sea recluido en una cárcel con miras a su extradición al Perú, donde debe responder por las graves imputaciones en su contra. Sin embargo, en la víspera, el magistrado decidió dar marcha atrás luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos le concediera al expresidente una ventana temporal de dos semanas para que pueda interponer un recurso de reconsideración a la decisión de la misma sala que unos días atrás había rechazado su solicitud para detener su extradición.

Se vuelve a posponer, así, lo que a estas alturas parece inminente; esto es, el regreso de Toledo al país que 22 años atrás lo eligió presidente para liderar el restablecimiento de la democracia luego de una década fujimorista signada por el autoritarismo y la corrupción, un proyecto que el líder de la chakana fustigó ásperamente en su momento solo para, al parecer, copiar varios de sus vicios poco tiempo después. Hoy la imagen que en su momento proyectó el ancashino ha quedado reducida a la caricatura de un hombre que se aferra con uñas y dientes al país en el que se encuentra prófugo desde hace más de seis años y que huye apresuradamente de los reporteros que tratan de abordarlo en la calle para obtener alguna declaración de su parte.

Recordemos que, desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó su extradición al Perú el último 21 de febrero, el expresidente ha presentado una batería de recursos en suelo estadounidense buscando paralizar o, cuando menos, dilatar este desenlace. Todos ellos, vale decir, han resultado infructuosos para sus intereses y, de hecho, a los mismos jueces del país norteamericano no se les ha pasado por alto esta conducta del exmandatario. No olvidemos que, por ejemplo, la jueza de Columbia –a donde Toledo acudió sin éxito para conseguir medidas de emergencia con miras a detener su extradición– Beryl A. Howell sostuvo en su fallo de la semana pasada que el expresidente incurrió en una práctica “sin precedentes” al trasladar su caso de California a Columbia y que también presentó argumentos “engañosos”. Un jalón de orejas que sin duda otros jueces estadounidenses tomarán en cuenta para futuras decisiones.

Resulta francamente vergonzoso para el Perú ver a quien ostentó nada menos que el cargo más alto que el voto popular puede conceder en nuestro país recurriendo a maniobras burdas para detener lo inexorable. Más aún cuando, para lograrlo, no le importe presentar ante las autoridades estadounidenses una imagen, por decir lo menos, antojadiza de nuestro país como la que Toledo se ha esforzado en proyectar en el último tiempo aludiendo a su supuesta condición de “perseguido político” por parte de un sistema judicial al que sus abogados han calificado como carente de “independencia e imparcialidad”.

A Toledo, no nos cansaremos de recordarlo desde este Diario, no se lo requiere en nuestro país por razones políticas, sino por señalamientos bastante pedestres de haberse corrompido al pedir un soborno de US$35 millones a la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle ciertas obras. Una imputación bastante seria para cualquier ex jefe del Estado, pero que, tratándose de quien enarboló la lucha anticorrupción en nuestro país como una bandera para ganar adeptos y votos, resulta indignante.

Habrá que recordarle al expresidente, sin embargo, que, a pesar de todos los esfuerzos que viene desplegando, no hay plazo que no se cumpla, que tarde o temprano las opciones que le permiten dilatar su regreso a nuestro país se le agotarán y que, cuando ello ocurra, lo único que habrá conseguido habrá sido mostrar lo desesperado que está ante su inminente cita con la justicia.